Todo indica que el magistrado dará curso a la investigación y dosificará las primeras medidas solicitadas por la fiscalía. Luces rojas en la Casa Rosada.
Acumula. Ariel Lijo tiene a su cargo la causa por el Correo-Gate contra Mauricio Macri y contra la expresidente Cristina de Kirchner por Nisman.
En las próximas horas, el juez federal Ariel Lijo definirá tanto la apertura formal de la investigación por el Correo-Gate como si concede la solicitud del fiscal Juan Pedro Zoni para que el expediente quede bajo secreto de sumario, mientras se llevan a cabo las primeras medidas de prueba. Según pudo saber Ámbito Financiero el primer paso será recabar todos los informes del Ministerio de Comunicaciones acerca de los pormenores de la negociación con Correo Argentino SA, que derivó en la firma del acuerdo preventivo el 28 de junio del año pasado. Si esa solicitud se procesa será con facultades de allanamiento al organismo que depende de Oscar Aguad. El juez accederá a la formalidad de la investigación y dosificará las medidas de pruebas solicitadas por la fiscalía. No habrá allanamientos a la Casa Rosada ni medidas espectaculares en el corto plazo.
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Otra luz roja se encendió en la Casa Rosada a partir del movimiento que pueda tener la denuncia presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por un posible tráfico de influencias. Recayó en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Carlos Stornelli.
Esa presentación tuvo su primera consecuencia: el Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín inició -a requerimiento de la PIA- una auditoría exhaustiva sobre el periplo que tuvo el acuerdo y un sumario administrativo sobre los funcionarios intervinientes. A Balbín le fastidió la noticia de que el Grupo Macri hubiera presentado demanda en el fuero contencioso administrativo a días de cerrar su acuerdo con el Estado, sin avisar como es de costumbre al equipo de abogados del Estado.
El resto del ramillete de denuncias contra el Presidente serán unificado bajo la órbita de Lijo. Lo aguarda de su par Rodolfo Canicoba Corral, quien tiene como fiscal a Federico Delgado, quien es mirado con desconfianza por el Gobierno tras la dirección que le imprimió a la causa Panama Papers y al caso de Gustavo Arribas.
Las comparaciones suelen ser odiosas, pero en la semana, atravesará los tribunales la relación entre dos casos:
En el primero, un funcionario público se interesa por la suerte de una reconocida compañía y sus problemas con el fisco. Varios resortes del Estado se mueven para mejorar su situación, lo que deviene en un plan de pagos que primero es rechazado y luego es aceptado por parte de las autoridades nacionales. Ese beneficio redundaría en la posible contratación con el Estado por una cifra millonaria. La Justicia determina que esa compañía tenia relación indirecta con el funcionario. El funcionario queda en la mira por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. El contrato nunca se llevó a cabo, aunque luego la empresa es estatizada.
En el segundo caso, una reconocida compañía tiene una deuda con el Estado. Un funcionario se interesa por situación y varios resortes del Estado se mueven para aprobar un plan de pagos que primero se rechaza y luego se acepta. Esa negociación según la Justicia tendría un beneficio millonario para la compañía y no sería justa para el acreedor. La firma tiene relación directa con el funcionario, quien en la cadena de mando es superior a todos los que terminan avalando el beneficio. La maniobra es denunciada. El acuerdo denunciado se suspende y no se lleva a cabo.
El primer ejemplo corresponde al Caso Ciccone, camino a juicio oral y que protagonizó el exvicepresidente Amado Boudou. El segundo describe al Correo-Gate por el que fue denunciado Mauricio Macri. La paradoja es que el juez que interviene es el mismo: Ariel Lijo. El mismo magistrado tiene a su cargo otra causa clave: la denuncia de Alberto Nisman por la firma del Memorando con Irán. Allí la Cámara de Casación rechazó el argumento defensivo acerca de que si no se había llevado a la práctica el acuerdo, no podía haber delito. El Gobierno creyó conjurar el capítulo penal del affaire del Correo con el llamado a "foja cero", aunque los argumentos crearían ahora una paradoja.
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