Activismo paraliza en el Sur producción de petróleo y de gas

De esta forma, la región vuelve a ser esta semana epicentro de fuertes reclamos sociolaborales, alimentados por el año electoral y por la condición de Santa Cruz de ser la tierra natal de Néstor Kirchner.Esta vez se trata de un reclamo motorizado por el Sindicato Petrolero y Gas Privado -al que se sumaron grupos de desocupados-, que exige la percepción de un plus salarial por zona desfavorable, entre otros planteos.
 En conflicto
La reincorporación la noche del lunes de dos delegados suspendidos finalmente no acalló el conflicto, al no respetarse en los hechos el compromiso sindical de levantar las tomas. Tras el fracaso de la conciliación obligatoria en el ámbito provincial, la puja pasó al ámbito de la cartera que en el nivel nacional conduce Carlos Tomada.
En este marco, cerca de 80 activistas -además de un grupo de desocupados- mantenían anoche la toma o el bloqueo
-según el caso- de tres plantas de Repsol YPF en las localidades de Cañadón Seco, Las Heras y Pico Truncado.
Ante este tenso escenario, la empresa ya concretó tres presentaciones ante la Justicia. El juez de Caleta Olivia Marcelo Bailaque ya intimó al desalojo de la planta de Cañadón Seco, aunque hasta anoche no había firmado la medida.
«Es un grupo minoritario de 80 personas que han tomado la planta, más algunas personas ajenas, frente a 5.000 personas que seguro quieren trabajar y tener el salario por lo que han trabajado», destacaron fuentes de Repsol YPF.
En paralelo -aunque en menor medida-, también se veían afectados yacimientos de Vintage Oil (anoche se encontraban rodeadas sus oficinas) y de Panamerican Energy. A este escenario se sumó en las últimas horas un atentado contra una distribuidora de gas en Las Heras, que afectó la prestación en esa localidad.
Según fuentes de Repsol, por esta protesta la firma «está dejando de producir 12.500 m3/día de petróleo y 2.900.000 m3/día de gas, lo que afecta así el normal suministro de hidrocarburos al mercado interno».
Desde la empresa aseguraron también que ven este terreno «con mucha preocupación», ya que además del impacto de la compañía, se ve afectada «la cadena de valor para la región».
 Dialoguistas
Además, destacaron que Repsol «tiene una actitud de diálogo permanente», y que «la inmersa mayoría de los trabajadores no adhieren a esta medida». Y enfatizaron que se habla de «trabajadores que en promedio, como mínimo, están recibiendo un salario de 2.500 pesos brutos, y que otros casos están en el orden de los 5.000».
En paralelo, en un comunicado difundido en la prensa
local, la empresa además
denunció la existencia de instalaciones industriales vitales usurpadas, y remarcó que
se produjeron «amenazas y agresiones físicas» contra los empleados de la empresa, además de daños materiales.
En este marco, Repsol mostró su preocupación «por las posibles consecuencias originadas por la reiteración de hechos de violencia, incumplimiento de acuerdos, normas legales y afectación a la propiedad».