Acuerdo entre provincias por promoción

Si bien el paquete de ventajas impositivas para inversores rige desde 1979 en esos cuatro distritos, el Decreto 1.295 de fines de 2003 reencendió la polémica interprovincial.La norma -hoy suspendida por la Justicia tras una ola de presentaciones judiciales en su contra en Mendoza- estipuló una flexibilización de las condiciones de aplicación del régimen, por la cual las empresas beneficiadas pueden ampliar las posibilidades de objetos que han de producir, dentro de un mismo rubro.
Si bien los gobernadores de las provincias promocionadas aseguraron que no se trataba de una extensión de la promoción y que no implicaba mayores costos fiscales, el mandatario mendocino, Julio Cobos (UCR), leyó al decreto como un «virtual nuevo régimen». Mendoza, castigada por una caída del sector industrial desde 1996 del orden de 37%, temió nuevos éxodos de empresas hacia esos distritos vecinos.
Tras semanas de tensión in crescendo, ayer el ministro del Interior, Aníbal Fernández
-junto con funcionarios del Ministerio de Economía-, sentó a la misma mesa en Buenos Aires a ministros de las cinco provincias, en un intento de encontrar «una solución política».
Tras más de dos horas de reunión, ambas partes consensuaron acotar con precisión qué nuevos productos pueden fabricar o producir las empresas ya promocionadas, siempre dentro del mismo rubro. Ahora Nación se encargará de redactar la reglamentación pertinente, que estará a consideración de las cinco provincias, en un nuevo encuentro, «en dos o tres días».
«Estamos en vías de solución» al conflicto porque «se avanzó bastante en acotar el objeto, que nos ponía en una situación de imprevisibilidad», aseguró ayer a este diario la ministra de Economía de Mendoza, Laura Montero. Según la funcionaria, «el decreto original, al habilitar la posibilidad de salto de grupo o ampliación del objeto sin acotamiento real, daba la opción de pasar de faenar ganado a elaborar conservas».
Montero destacó, además, «la buena predisposición de las provincias promocionadas y de Nación para entender la posición de Mendoza». Y aclaró que el preconsenso alcanzado ayer «es independiente» del reclamo judicial de Mendoza -que sigue en marcha- por una compensación de $ 600 millones, por los perjuicios que dice haber recibido por la existencia de la promoción industrial en provincias vecinas.
Por su parte, el ministro de la Producción de San Juan, Antonio Giménez, dijo que en los próximos días habrá un encuentro Nación-provincias promocionadas para definir la suerte de otro decreto -el 1.355-, que las perjudica porque elimina el reintegro del IVA a las exportaciones de las empresas promocionadas.