San Luis - La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó tratar como «tribunal originario» la demanda presentada por el Gobierno provincial contra el Estado nacional y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por deudas en concepto de coparticipación federal.
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El crítico gobernador peronista Alberto Rodríguez Saá mantiene este reclamo desde 2001, y en este marco recurrió varias veces a la Justicia.
La presentación del Gobierno provincial se realizó «a fin de que se los condene (a la Nación) a restituirle una suma de dinero en concepto de coparticipación tributaria que le corresponde (a la provincia) desde el 4 de noviembre de 2001».
El 9 de marzo pasado, la procuradora general adjunta de la Nación, Laura Monti, se pronunció a favor de que fuera la Corte de Justicia la que analizara la cuestión por «competencia originaria», ya que se trata de un pleito entre una provincia y la administración nacional.
En concordancia con ese dictamen, la Corte, con los votos de los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, aceptó el expediente. En ese contexto, le notificó la demanda al Estado nacional y le dio 60 días de plazo para que la conteste, lo que formalmente da por iniciado el proceso judicial.
La denuncia, patrocinada por el ex juez de la Corte durante el menemismo, Rodolfo Barra, sostiene que la provincia dejó de percibir ingresos en razón de un decreto que regula el funcionamiento de la AFIP, «en cuanto modifica la distribución de la masa de fondos coparticipables, privando a los Estados provinciales de un porcentaje de tales recursos para financiar aquel organismo nacional».
«La provincia viene soportando una exacción que no encuentra sustento en alguna norma a la que haya prestado su consentimiento en los términos del régimen de coparticipación federal, sino que ha sido creada por tan sólo la unilateral intervención del Estado nacional», se sostiene en el documento.
En el marco de la campaña por las elecciones legislativas del 28 de junio próximo, varios gobernadores críticos hicieron hincapié en el reclamo por una «mayor y mejor» distribución de los impuestos por parte del Gobierno nacional. «De eso trata el federalismo», dijo varias veces Rodríguez Saá.
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