Atan a Solá para limitar huelgas

El Senado provincial dio media sanción el pasado miércoles al proyecto de ley que reglamenta las negociaciones colectivas de trabajo en el ámbito de la administración provincial y que obliga a garantizar los «servicios esenciales» en caso de huelga. Sin embargo, el proyecto original de Solá sufrió un cambio sustancial en el recinto, ya que las medidas que apuntan a limitar los paros (negociación mediante) no alcanzarán por ahora a docentes ni a judiciales, por lo que la Legislatura deberá elaborar una nueva norma de convenciones colectivas para esos dos sectores.
Sugestivamente, el volantazo sufrido por la iniciativa gubernamental en el Senado respondió a los tironeos políticos que florecen dentro del propio oficialismo provincial.
Fue el propio Frente para la Victoria el que apuró la aprobación del proyecto en el Senado, aunque con cambios que van a contramano del Ejecutivo, pese a que tanto el PJ y la UCR como los gremios habían pedido una semana para profundizar la discusión.
Allegados al mandatario aseguran que los legisladores oficialistas (los más kirchneristas que felipistas) modelaron el proyecto a favor de los gremios sin consensuarlo con Solá.
El mandatario mostró el jueves su malestar por la novedad y ratificó su criterio de que los docentes deberían estar alcanzados por la regulación de las huelgas.
El escenario abre un interrogante sobre la capacidad de la conducción felipista del FpV para lograr que sus propios senadores aprueben leyes que el gobierno considera cruciales. Según el proyecto oficial, las protestas estarán sujetas al cumplimiento de servicios mínimos en rubros que se consideren esenciales, un lote integrado, por el momento, por la producción y distribución de agua potable, la energía eléctrica y el gas, el control del tráfico aéreo y los servicios sanitarios y hospitalarios.