22 de mayo 2006 - 00:00
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Gasto
El gasto, en tanto, creció cerca de $ 260 millones al hacer la misma comparación, lo que implicaría una suba total anual de $ 1.000 millones, sin tomar en cuenta posibles nuevos aumentos salariales.
El informe del BM destaca que la salud fiscal de la provincia «podría ser adversamente afectada por un número de factores, incluyendo la rápida expansión del gasto actual, debido, por ejemplo, a las demandas por incrementos salariales, pasivos judiciales contingentes y otras desventajas, como el empeoramiento en las condiciones del banco provincial o la significativa declinación en los resultados de la recaudación debido a una disminución del crecimiento», consigna el texto reproducido en el diario cordobés «La Mañana».
A su vez, la advertencia también apunta a la influencia de la deuda sobre las cuentas públicas: «Mientras las proyecciones estiman una mejora en los indicadores de la deuda en el mediano plazo, ésta depende de la habilidad de la provincia de mantener pagos por servicios de la deuda relativamente altos durante una cierta cantidad de años», indica el BM.
Entre las conclusiones que saca este organismo figura que «un riesgo relacionado es la dependencia de la provincia de la disponibilidad del gobierno nacional en financiar (deuda) a mediano plazo. La oportunidad, cantidad, costo y disponibilidad general de los recursos nacionales están sujetos a negociaciones anuales bilaterales entre la provincia y la Nación, y por lo tanto tienen un alto nivel de incertidumbre».
Crédito
El proyecto que ahora está a consideración del BM permitirá al gobierno de José Manuel de la Sota recibir un crédito de u$s 75 millones, pero al mismo tiempo fija estrictas condiciones para el desembolso. Una de ellas es el cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal, la cual fija un control sobre gasto y endeudamiento de los distritos adheridos.
Según el BM, «la Ley Fiscal y sus parámetros proveerán los marcos para el monitoreo y la evaluación de la estructura fiscal de la provincia de Córdoba», pero aclara respecto de esta herramienta que rige desde este año: «Las incertidumbres que involucran no sólo son técnicas, sino que también alcanzan a dimensiones de la política económica vinculadas con las relaciones fiscales en la Argentina. En tanto que la Ley Fiscal está en una etapa primaria de implementación, la probabilidad de que estos riesgos se materialicen no son claras».




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