El gobernador radical K Miguel Saiz y Cristina de Kirchner, durante la inauguración de la nueva sede del INVAP, en Bariloche.
Con la excusa oficial de la inauguración de la nueva sede de la empresa estatal rionegrina Invap, Cristina de Kirchner arribó ayer a San Carlos de Bariloche y puso en práctica su estrategia de presión encubierta a los gobernadores a fin de lograr que la acompañen en su decisión de usar las reservas del Banco Central para el pago de la deuda.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El primer destinatario del operativo fue el gobernador de Río Negro, el radical Miguel Saiz, que deberá acceder al pedido de la Casa Rosada, condicionado en gran medida por las urgencias financieras que tiene su administración. El mandatario decidió interrumpir sus vacaciones en la ciudad balnearia de Monte Hermoso, en la provincia de Buenos Aires, para recibir a la Presidente y aprovechar el contacto a fin de arriesgar un pedido de adelanto de parte de los fondos del Programa de Asistencia Financiera (PAF).
El radical K necesita apurar una porción de la ayuda antes de lo programado porque no consiguió, tal como había planeado, un préstamo bancario de $ 200 millones para el primer trimestre. En efecto, la gestión de Saiz firmó el martes un contrato con cuatro bancos privados por un total de $ 111 millones: los aportes provienen del banco Patagonia ($ 50 millones), una cantidad igual de parte del Macro y del Credi-coop y del Pampa, con $ 6 y 5 millones, respectivamente.
La diferencia entre el importe pretendido y el logrado -que asciende a unos $ 89 millones aproximadamente- no deja alternativas a Río Negro, salvo recurrir al amparo de Nación y solicitar un acortamiento de los plazos para la efectivización del PAF.
El plan de seducción de Cristina de Kirchner encontró otro destinatario en el noroeste. La fidelidad K del gobernador de Tucumán, José Alperovich, está intacta y facilita las gestiones presidenciales, a punto tal que la Presidente no se tuvo que molestar en llevarlas adelante y se las encargó a su ministro de Economía, Amado Boudou. El mandatario justicialista se reunió en Buenos Aires con el titular del Ministerio de Hacienda para solicitar una ayuda de $ 100 millones como adelanto del PAF. Así las cosas, se descuenta que si el Gobierno central logra aliviar con fondos frescos las urgencias económicas que padece el grueso de las provincias, podría asegurarse el acompañamiento de los legisladores rionegrinos y tucumanos en el Congreso nacional, de cara a la aprobación del despido de Martín Redrado, y por ende, del libre uso de las reservas.
Dejá tu comentario