5 de febrero 2004 - 00:00

Buscan solución a crisis de seguridad

El tema inseguridad ya estaba instalado en Mendoza, pero ayer se plasmó en datos concretos, cuando la Justicia provincial informó al gobierno que durante el mes de enero aumentó la ejecución de delitos violentos, es decir, aquellos que involucran uso de armas en asaltos, homicidios (hubo 17 en 30 días) y ataques contra la propiedad en zonas rurales. Además, también se señaló un crecimiento de los hurtos en el centro mendocino, especialmente a turistas, como de la violencia familiar seguida de abuso sexual.Aun así, el ministro de Justicia y Seguridad mendocino, Roberto Grillo, aseguró a Ambito Nacional que «no existe un aumento del delito, sino de la litigiosidad», es decir, la judicialización de los crímenes.
A esto se suma la crisis dentro del sistema penal de la provincia, cuyo director,
Mariano Cortez Murillo, no se encuentra del todo firme en el cargo. En los últimos días, en una suerte de «complot», se posibilitó la fuga de una decena de presos y un enfrentamiento que terminó con cinco internos heridos de gravedad en el hospital.
 Código Procesal
En este marco, Cobos ya dio órdenes a Grillo para que acelere la implementación del Código Procesal Penal, herramienta que considera imprescindible en la lucha contra el delito.
«Tenemos que tener una Justicia más ágil, porque la sensación de impunidad es uno de los motivos que alientan a cometer delitos», aseguró el gobernador mendocino al diario «Uno» local.
Al decir de Cobos, el Código Procesal Penal es un moderno instrumento para la lucha contra el delito del que sólo se han puesto en práctica algunas partes, como el testigo de identidad reservada, el agente encubierto o los juicios unipersonales. Pero hasta el momento, la falta de fondos impidió que se instaurara el sistema de fiscalías en las comisarías.
Paralelamente, desde la cartera de Seguridad se anunció ayer la conformación de la llamada Oficina de Inspección General de Seguridad
-organismo colegiado integrado por tres representantes de las principales fuerzas políticas (UCR, PJ y PD)-, que tendrá la misión de investigar inconductas dentro del personal policial y penitenciario.
 Efectivos
Por su parte, Cobos también prometió incorporar 1.000 nuevos efectivos, comprar 100 móviles, 50 motos y el lanzamiento de un plan contra el delito rural y una campaña publicitaria contra la violencia.
«En Mendoza hay 3,3 policías cada mil habitantes, cuando la media es de 6,6, y la Capital Federal tiene 11 cada mil», graficó Grillo.
En el caso de los nuevos efectivos, se echará mano a un acuerdo entre el Estado y el Ejército para que los ingresantes sean exclusivamente aquellos voluntarios que están terminando su ciclo castrense por haber cumplido 28 años.

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