El deterioro de las rutas nacionales se convirtió en una problemática transversal que atraviesa a distintas provincias. Desde el norte hasta el centro, los gobiernos locales, intendentes y legisladores denuncian el abandono de la red vial federal, los recortes presupuestarios y la falta de obras de mantenimiento que, advierten, ponen en riesgo la vida de los usuarios, la producción regional y la conectividad territorial. Rechazo a la provincialización de tramos de rutas nacionales, a través del DNU 253/2026.
18 de mayo 2026 - 16:44
Crisis vial nacional: Salta, La Pampa y Santa Fe unen reclamos por el abandono de las rutas nacionales
Los gobiernos provinciales, intendentes y legisladores denuncian el abandono de la red federal, los recortes presupuestarios y la falta de obras de mantenimiento que, advierten, ponen en riesgo la vida de los usuarios, la producción regional y la conectividad territorial. Rechazo a la provincialización de tramos.
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La RNl 151, en su tramo por La Pampa, entre 25 de Mayo y Algarrobo del Águila, se encuentra en un estado de extremo deterioro, con sectores destruidos y pozos profundos.
En Salta, el Director de Vialidad provincial, Gonzalo Macedo, fue contundente al denunciar el estado de las calzadas que dependen de la Nación y que atraviesan esa provincia. En declaraciones a medios locales, Macedo advirtió que la situación más crítica se registra sobre la ruta nacional 9/34, en el tramo entre la localidad de Yatasto y la ciudad de Metán: "En la actual ya no se puede circular, está en un nivel de deterioro total y hay ondulaciones muy peligrosas. Circular por esos caminos hoy es arriesgar la vida".
El funcionario detalló que la obra de la autopista sobre la RN 9/34 está frenada: de los 24 kilómetros previstos, apenas se trabaja sobre unos 800 metros de terraplén. La empresa encargada de los trabajos no cobra certificados desde octubre y solo mantiene tareas mínimas para no paralizar completamente el proyecto, denunció.
Macedo también reveló que ya existen presentaciones judiciales contra Vialidad Nacional por el estado de las rutas y cuestionamientos de usuarios por el cobro de peajes en sectores deteriorados. Además, la falta de financiamiento nacional afecta otras obras clave como la ruta nacional 51 y el puente de Vaqueros, para el cual el gobierno provincial tuvo que adelantar fondos para evitar la paralización.
Protesta desde La Pampa
En La Pampa, 74 intendentes -tanto desde el oficialismo como de la oposición- de localidades atravesadas por corredores federales emitieron un duro documento conjunto en el que manifestaron su "profunda preocupación" ante el abandono de las rutas y los drásticos recortes de fondos de mantenimiento aplicados en el Presupuesto Nacional 2026.
Los mandatarios locales enfatizaron que las rutas nacionales no son "solamente caminos", sino arterias vitales para la vida cotidiana, la producción, el comercio, el turismo, el transporte de cargas y los traslados sanitarios urgentes.
En el comunicado, subrayaron que "el abandono de las rutas impacta directamente en la seguridad de quienes transitan a diario" y que el deterioro "multiplica los riesgos y genera una situación de preocupación permanente para nuestras comunidades".
Los intendentes respaldaron la propuesta del Gobierno provincial para que la Nación transfiera los fondos adeudados o, en su defecto, ceda la jurisdicción y el control de los corredores viales para que el Estado provincial pueda intervenir de manera directa. Solicitaron la urgente reactivación y financiamiento de las obras comprometidas sobre las rutas nacionales 5, 35, 143, 151, 152, 154 y 188.
Reclamo en Santa Fe
La crisis vial encontró una caja de resonancia en el Senado de Santa Fe. El cuerpo aprobó por unanimidad un proyecto del legislador por Rosario, Ciro Seisas, que pide al Gobierno que de forma urgente y detallada informe sobre la situación institucional, operativa y presupuestaria de la Dirección Nacional de Vialidad y el estado de las rutas nacionales que atraviesan esa provincia.
Seisas fue categórico en declaraciones públicas: "La irresponsabilidad de Nación se paga con la vida de los santafesinos". El senador advirtió que, de los 43.000 kilómetros de rutas nacionales en todo el país, gran parte se encuentra en estado deplorable, y que se van a licitar solo 9.000 kilómetros, licitaciones que "tampoco se ejecutan".
En el sur de la provincia, sobre todo en el Gran Rosario, pasan dos millones de camiones por año con un nivel de mantenimiento inexistente, señaló.
En paralelo, el Senado santafesino fue escenario hace unos días de una audiencia pública en la que legisladores, intendentes y vecinos expresaron su preocupación por el deterioro de la RN 34. Se adelantó que se impulsará una demanda colectiva para exigir a la Nación la ejecución de obras urgentes.
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, había advirtido que la situación podría derivar en responsabilidades judiciales: "Decidir no reparar rutas, mientras se sigue cobrando el impuesto a los combustibles, puede tener consecuencias legales".
En esta provincia, la crisis vial alcanzó dimensiones alarmantes. Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), más del 53% de los 2.700 kilómetros de rutas nacionales en territorio santafesino se encuentra en estado "malo". Apenas el 20% puede considerarse en buenas condiciones, mientras que el resto presenta un nivel regular, de acuerdo con el Índice de Estado (IE), que mide variables como fisuras, deformaciones, rugosidad y desprendimientos del pavimento.
El deterioro dejó de ser una postal de abandono para convertirse en una amenaza cotidiana: entre enero y abril de 2026 ya se registraron 34 muertes en siniestros viales sobre estos corredores.
La tasa de mortalidad en rutas nacionales santafesinas alcanza los 1,3 fallecidos cada 100 kilómetros, mientras que en las rutas provinciales ese número desciende a 0,2. Es decir, la siniestralidad fatal es seis veces mayor en los corredores bajo jurisdicción nacional.
Las rutas más transitadas —como la 11, 33, 34, 8, 9 y la 168— concentran los mayores niveles de deterioro. Conductores habituales denuncian baches profundos, banquinas inestables, falta de iluminación y señalización deficiente. Desde Fepevina sintetizaron el diagnóstico con crudeza: "Más que ahuelladas, las rutas tienen cráteres".
"Ya no hablamos de pozos, sino de cráteres"
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, redobló el reclamo por infraestructura vial en un acto que se celebró en la Bolsa de Comercio de Rosario con motivo del remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26. Allí, el mandatario fue categórico al denunciar el abandono de las rutas nacionales: "Ya no hablamos de pozos, sino de cráteres", graficó, para luego insistir en que esos corredores son responsabilidad de Nación.
Pullaro vinculó el reclamo con el esquema de retenciones agropecuarias: "Son recursos que deberían destinarse a mejorar la infraestructura productiva", señaló, y advirtió que "nuestros transportistas no pueden seguir atravesando dificultades cada vez que intentan llegar a los puertos". Dejó en claro que, ante la inacción del Gobierno, su gestión decidió avanzar con recursos propios: "No solo reclamamos, también nos hacemos cargo".
Rechazo a la provincialización
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó su "fuerte rechazo" a la provincialización de tramos de rutas nacionales, instrumentada a través del DNU 253/2026. La entidad calificó la medida como "ilegal, inconstitucional e inoportuna", al considerar que carece de una ley formal que la respalde y que vulnera principios básicos del sistema federal.
El CONADUV advirtió que la transferencia de rutas nacionales a las provincias requiere la intervención del Congreso y la asignación de recursos específicos, condiciones que no se cumplen en el decreto.
También cuestionó el mecanismo de financiamiento previsto -el cobro de peajes directos en ruta- al que calificó como un "impuesto encubierto" que vulnera el principio de legalidad tributaria y podría generar una doble imposición, ya que los usuarios ya aportan al sistema vial a través del impuesto a los combustibles.
Desde la entidad proponen una alternativa basada en un plan vial integral financiado con recursos ya existentes, en particular los provenientes del Impuesto a los Combustibles (que la Nación no redistribuye entre las provincias desde que asumió Javier Milei), y rechazan el modelo de peajes generalizados. "El país necesita un sistema vial eficiente, sin barreras ni costos adicionales para los usuarios, que garantice la libre circulación y el desarrollo productivo", señaló la entidad.