Sobre estos rodados en situación irregular, se estima que al menos 20% (unos 800 vehículos) estaría en situación de ser secuestrado por el Estado provincial, en el marco de las nuevas leyes impositivas que fueron aprobadas recientemente y otorgan poderes especiales a la Subsecretaría de Ingresos Públicos que dirige Santiago Montoya.
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Aun así, los secuestros no podrán ser puestos en práctica hasta fines de este mes, ya que la nueva normativa se encuentra en proceso de reglamentación y estaría lista para esa fecha, según se informó desde el Ministerio de Economía bonaerense, que conduce Gerardo Otero. Por su parte, esta modalidad de secuestros sólo afectará a deudores de patentes con vehículos posteriores al año 2000, con valores de $ 35 mil en adelante y con deuda superior a 10% de la valuación del rodado o 30% o más de cuotas vencidas.
Asimismo, la semana previa al inicio de los secuestros, la cartera conducida por Montoya publicará en Internet el listado de aquellos vehículos que estarían en condiciones de ser secuestrados en alguna vía pública. Esa semana será la última oportunidad para cancelar deudas.
Por lo pronto, la oficina de Rentas local ya comenzó a colocar obleas rojas en los vehículos con mora impositiva, que hasta ayer sumaron 3.930, es decir que la situación irregular afecta a 31,4% del total de coches de origen bonaerense inspeccionados.
En los operativos realizados en Mar del Plata, Necochea, Miramar, Villa Gesell, Pinamar y el Partido de la Costa, los inspectores controlaron un total de 18.917 rodados, de los cuales 12.630 correspondían a jurisdicción bonaerense. De ese subtotal, 8.673 coches (68,6%) estaban al día en sus obligaciones de impuestos, por lo que recibieron la oblea verde.
Los controles permanentes o fijos se realizan en la Ruta 2, Kilómetro 399, y Ruta 11 y 63, durante las 24 horas, mientras que los restantes controles son no permanentes y su ubicación cambia periódicamente.
Asimismo, también se inspeccionaron 1.759 vehículos de transporte de mercadería, sobre los cuales se labraron 30 actas de prohibición sobre los productos transportados.
Finalmente, según se informó, en los operativos desarrollados en la costa atlántica también se fiscalizaron 2.548 establecimientos comerciales y 44,7% resultó intimado por falta de declaración jurada o por carecer de inscripción.
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