En el marco de la causa por el hackeo de las cuentas bancarias de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la policía entrerriana detuvo a 8 personas, luego de una serie de allanamientos concretados en tres provincias. El ilícito denunciado en abril último derivó en la sustracción de $25 millones.
Detuvieron a 8 personas por el hackeo a cuentas de la Municipalidad de Concepción del Uruguay
En un operativo coordinado por las fuerzas de varias provincias, se realizaron doce allanamientos donde se secuestraron una docena de celulares, computadoras portátiles y routers de conexión a internet.
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La fiscal Gabriela Seró, de la Unidad Fiscal de Uruguay, difundió los resultados del importante despliegue operativo.
En los doce allanamientos ocho personas resultaron detenidas, y se secuestraron una docena de celulares, computadoras portátiles y routers de conexión a internet.
Las apresados residen en las provincias de Buenos Aires, Misiones, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.
Trasladados a la ciudad de Concepción del Uruguay, los detenidos serán interrogados por las autoridades judiciales y policiales.
Quiénes son los detenidos
Sobre las identidades de las personas detenidas, se pudo saber que el varón detenido en Misiones tiene antecedentes de fraude y robo, y es dueño de un desarmadero.
Por su parte, en Mendoza fue detenida una pareja joven con estudios, que se sospecha sean los responsables principales del hackeo.
Cinco fueron detenidos en la provincia de Buenos Aires, en los partidos de Avellaneda, Lanús y Esteban Echeverría; dos en la ciudad de San Rafael de Mendoza y uno en Puerto Iguazú, Misiones.
La investigación se llevó a cabo a partir del informe realizado por la división de Cibercrimen de la policía entrerriana ya que ese trabajo fue el que permitió identificar las IP, desde las que se crearon las cuentas a las que fueron transferidos los fondos municipales.
La pericia de Cibercrimen, división especializada de la Policía entrerriana, pudo desentrañar con precisión cómo fue la mecánica con la que se le birlaron a la comunidad uruguayense más de 23 millones de pesos (eran 25 millones, pero la rápida reacción permitió frenar parte de las transferencias.
La información oficial explica que tras ocho meses de investigación se pudo "obtener material probatorio suficiente para llegar a individualizar a los autores, cómplices, encubridores y otros posibles partícipes involucrados en la actividad ilícita investigada".
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