Dicen que Mendoza contamina un río clave

La decisión es el corolario de la mesa redonda que la Fundación Chadileuvú y la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) realizaron el 13 de junio, debate en el que quedó evidenciado un fuerte apoyo a la idea de recurrir a la Corte Suprema de la Nación con el propósito de buscar alternativas para que el gobierno de Julio Cobos cumpla con el fallo del año 1987. En ese encuentro, la tendencia más firme fue exigir que la provincia cuyana cese el proceso de «degradación ambiental» que está causando en La Pampa con su manejo unilateral de las aguas del Atuel.
Desde la provincia vecina cuestionan además la «incoherencia del gobierno de Mendoza», que recientemente promulgó una ley que prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas para la explotación minera, «y de este caso descuida un recurso fundamental como es el agua».
Los integrantes de la Fuchad, Alberto Golberg (presidente), Julio Erns, Héctor Gómez y Ricardo Cheli, los directivos de la Cooperativa Popular de Electricidad Antonio Skara (presidente) y Mercedes Tubán (vicepresidenta) y el titular de la Asociación Alihuén, Leandro Altolaguirre, explicaron que esto es «una puerta abierta respecto de la histórica reivindicación pampeana por los derechos sobre el Atuel que creíamos clausurada», que es la posibilidad real de que sean las organizaciones sociales o los mismos ciudadanos los que recurran a las más altas instancias judiciales para demandar soluciones concretas a un problema ambiental. El abogado Ricardo Cheli señaló que, aunque todavía no está definida, la estrategia jurídica pasaría por presentar un recurso de amparo ante la CSJ exponiendo el daño ambiental causado en el oeste pampeano para -a través de una medida cautelar- exigir el cese de ese daño. «Creemos que esta alternativa es viable. Pero antes de concretarla vamos a someterla a la asamblea popular que estamos convocando para el 11 de agosto en Los Pioneros», concluyó Golberg.