27 de mayo 2008 - 00:00
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En declaraciones al «Nuevo Diario», el primer mandatario provincial se mostró sorprendido por la determinación ordenada por la UCR nacional, tras interpretar que el radicalismo «siempre luchó contra las intervenciones, en una opinión que la hago como un afiliado más».
En tanto, militantes de la UCR de Santiago del Estero, mantenían «tomada» la Casa Radical, ante el intento del titular del radicalismo nacional, Gerardo Morales, de poner en funciones al designado interventor José Luis Zavalía.
La sede ubicada en avenida Belgrano al 1100 se mantiene ocupada por dirigentes y militantes radicales que se oponen a la asunción del ex senador Zavalía, que tiempo atrás supo dirigir al centenario partido en esa provincia.
La intervención a la UCR santiagueña por parte del comité nacional se inscribe en el enfrentamiento que mantiene la conducción con los radicales de la provincia, que adhieren a la concertación plural del gobierno nacional.
Tras el cónclave, los peones de taxis realizaron una asamblea y decidieron levantar el paro de actividades que se había decretado ayer, luego de conocerse que durante el fin de semana se produjeron ocho asaltos.
El levantamiento de la medida de fuerza incluye brindar el servicio nocturno y, según algunos representantes gremiales, esta medida tiene la finalidad de verificar el cumplimiento de lo acordado con las autoridades provinciales y municipales y las fuerzas de seguridad.
El conflicto estalló el jueves pasado con el brutal crimen de chofer Sergio Oberto, de 50 años, quien recibió una cuchillada en el cuello.
Uno de los objetivos de los taxistas era ser recibidos por el propio gobernador, Hermes Binner, o por el responsable de la seguridad en la provincia, tal como finalmente sucedió.
El juez federal subrogante Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2, dictó una medida cautelar en el marco de la acción de amparo que interpuso un vecino que vive cerca del ingenio y destilería La Trinidad, ubicado a unos 75 kilómetros al sur de la capital tucumana.
A partir de la medida y mientras sigue adelante el proceso judicial, antes del inicio de la molienda de la caña de azúcar, las autoridades del establecimiento deberán presentar un plan para el tratamiento de la cachaza (impurezas y espumas que surgen del jugo de la caña).
Racedo, también ordenó que, dentro de los próximos 30 días, los responsables del ingenio presenten un proyecto para la separación y disposición final de los aceites de los efluentes de la planta, lo que deberá ser supervisado cada diez días por los laboratorios del Sistema Provincial de Salud (Siprosa).
Asimismo, el magistrado subrogante requirió un análisis semanal sobre los gases emanados por las chimeneas del establecimiento y ordenó a los peritos que, en un plazo de 30 días de iniciada la zafra de este año, informen sobre el comportamiento del suelo respecto de la vinaza de la caña (una suerte de residuo). La medida cautelar tuvo como precedente una audiencia pública, en la que representantes del ingenio, de los pobladores y los defensores del pueblo de la Nación, de Tucumán y de Santiago del Estero participaron sobre el impacto ambiental de la actividad de la planta fabril.




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