28 de septiembre 2007 - 00:00
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La campaña comenzó en de agosto a través de comunicaciones que fueron enviadas a los agentes, 250 asociaciones, 16.300 contadores públicos y deudores que tenían iniciados juicios de apremio, cuyas cuentas embargadas hace meses no arrojaron los resultados buscados. También se establecieron exclusiones: no deberían embargarse derechos de crédito que involucren sueldos, jubilaciones y pensiones; pagos por medio de acreditaciones en cuentas bancarias; créditos por montos inferiores a $ 1.000 y créditos cuya titularidad corresponda a empresas de servicios públicos.
El embargo de derechos de crédito se hará efectivo sólo cuando los embargos bancarios no son posibles por falta de fondos o cuando los montos adeudados sean muy superiores al embargo de fondos logrado.




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