La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó definitivamente este miércoles la ley impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio que deroga el régimen de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores, vigente desde 1965. La iniciativa fue aprobada por 30 votos afirmativos y ninguno negativo.
La norma pone fin a más de seis décadas de un régimen establecido por la Ley 4.506, que otorgaba a quienes hubieran ejercido la Gobernación o la Vicegobernación una pensión equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.
Rogelio Frigerio celebró la aprobación
Frigerio había enviado el proyecto a la Legislatura al comienzo de su gestión, como parte de una agenda orientada a reducir los privilegios asociados a la función pública y avanzar hacia una administración más austera y transparente.
“Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Alicia Aluani y yo vamos a ser los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos”, afirmó el mandatario después de la sanción.
La derogación tendrá un efecto inmediato sobre las actuales autoridades provinciales: tanto Frigevitalicia rio como la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros mandatarios entrerrianos que finalizarán sus funciones sin adquirir el derecho a una pensión por haber ocupado esos cargos.
“Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos”, sostuvo Frigerio. Y agregó: “Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.
La eliminación del beneficio se suma a otras medidas implementadas por la administración provincial desde diciembre de 2023. Según el Gobierno entrerriano, durante la gestión se redujo prácticamente a la mitad la cantidad de cargos políticos y se eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado.
También se eliminaron los gastos reservados y se adoptaron medidas sobre sobresueldos y acumulación de remuneraciones. A esto se sumaron una reducción de las adscripciones y nuevas herramientas destinadas a transparentar la nómina de empleados, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios.
En paralelo, la gestión de Frigerio impulsó una reforma política y electoral, la implementación de la Boleta Única de Papel, una Ley de Transición de Gobierno y distintas iniciativas vinculadas con la ética pública, el acceso a la información y la transparencia administrativa.