El tarifazo energético dispuesto por el Gobierno nacional y que tiene su correlato en todo el país con subas en las boletas que van del 400% al 1.000%, recibió ayer el primer revés judicial que, en caso de avanzar la causa, permitiría que se suspendan las resoluciones de la Secretaría de Energía y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y que se revean los aumentos aplicados.
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La Justicia aceptó el pedido del defensor del pueblo, Eduardo Mondino, para que se suspenda la autorización del Gobierno a la modificación de la tarifa energética, mientras se multiplican en las provincias los reclamos de las asociaciones de defensa de usuarios y consumidores. Incluso, crece día a día el número de adhesiones a un nuevo apagón el viernes a partir de las 22 en todo el país para protestar contra el tarifazo.
Pero no sólo Mondino resiste las subas. Varios intendentes y gobernadores se han puesto al frente de los reclamos de vecinos. Desde el bonaerense Daniel Scioli, quien pidió en forma personal al Ministerio de Planificación de Julio De Vido revisar los aumentos, hasta el intendente de Tigre, Julio Zamora (reemplaza al jefe de Gabinete, Sergio Massa, en licencia en su cargo de intendente), que intercedió ante EDENOR y logró suspenderla provisoriamente, la medida dictada por la Secretaría de Energía parece estar destinada al rechazo masivo. Otro que sumó su adhesión a la cruzada fue el intendente de Morón, Martín Sabbatella, cuyo Gobierno envió una carta al ENRE en la que pidió revisar las subas.
Mondino había hecho una presentación judicial ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 9 por los valores que consideró «irracionales, arbitrarios y manifiestamente ilegales» en las tarifas de energía.
El ombudsman presentó una medida cautelar, pero había sido desestimado por la jueza Emilia Marta García por entender que la acción no versaba sobre la afectación de un derecho de incidencia colectiva, sino del derecho de propiedad de una «categoría de usuarios de energía eléctrica».
«El derecho del ombudsman para ejercer la defensa de usuarios, especialmente en un tema de servicios públicos, nunca estuvo en discusión, porque está legitimado en el artículo 43° de la Constitución nacional», dijo Mondino a este diario tratando de explicar la dilación de la jueza.
«No entiendo por qué se negó a legitimar mi pedido y dilató la situación», agregó.
Ahora, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal reconoció la legitimidad de Mondino para realizar el reclamo.
Para el defensor, «la Resolución 1.169 no es de aplicación razonable y es arbitraria. Debe interrumpirse el proceso y dejar de facturarse una medida que, cuando se aplica, es irracional». Y dijo no entender, además, la «obstinación del Gobierno en sostener una norma a todas luces irracional».
A su entender, el aumento en el precio del kw tiene un impacto impositivo y otro en el PUREE que termina, en la práctica, «siendo desmedido y de fuerte afectación para el usuario». «Lo que hizo el Gobierno es un acto de irresponsabilidad, porque debería por lo menos haber eliminado el PUREE», sentenció Mondino.
A esta altura, en la que muchos habitantes ya han pagado las facturas con aumentos, las asociaciones de consumidores y cientos de consumidores se esperanzan de todos modos en que la Justicia suspenda el aumento y obligue al Gobierno a revisar la medida.
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