Fijarían penas tope de 12 años a menores

El contenido del proyecto de ley oficial fue el argumento llevado a la CIDH, en Washington, para intentar frenar una demanda contra el país a raíz de las condenas a perpetua a menores de edad, explicaron ayer fuentes de la comitiva argentina. La delegación conjunta del Ministerio de Justicia y la Cancillería mantuvo en las últimas horas tres audiencias clave en la sede de la comisión por demandas que afronta la Argentina: menores condenados a perpetua, crisis carcelaria en Mendoza y entrega de tierras a indígenas salteños.En el caso de la perpetua a menores, a la audiencia acudió la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, impulsora de la denuncia ante el organismo internacional en pos de obtener la conmutación de las penas para menores de edad condenados a perpetua.
La demandante fue informada sobre un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Justicia, actualmente a estudio en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, que establece topes a las condenas a menores de edad, con un máximo en 12 años. «Se trata de ponerse en sintonía con la legislación en el resto del mundo, ya que la Argentina es el único país latinoamericano que prevé la perpetua a un menor de edad», explicaron las fuentes de la comitiva.
 Mirar hacia adelante
Por ejemplo, en Chile acaba de sancionarse una ley que fija la pena de 10 años como tope para los menores de edad. «Ante eso, nosotros impulsamos 12 años, más que muchos países de Latinoamérica y Europa», afirmaron las fuentes.
En vez de acceder a conmutar las perpetuas a menores, como reclaman los demandantes, la postura del gobierno argentino «pasa por una política de Estado que resuelva los casos concretos y que mire hacia adelante», se explicó.
Actualmente, once menores de edad están condenados a prisión perpetua en todo el país, y uno de los casos ya está a estudio de la Corte Suprema de Justicia, a raíz de un planteo de la actual defensora general, Martínez, también defensora oficial ante el máximo tribunal.
Según la funcionaria judicial, las condenas a prisión perpetua a menores violan garantías y pactos internacionales referidos a los derechos de niños y adolescentes, a los que la Argentina adhirió constitucionalmente.