Gobernadores endurecen rechazo a dos leyes clave

Hoy mismo estarán en Buenos Aires delante del ministro de Justicia, Gustavo Béliz: el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad Nacional al que, desde el interior, señalan como «centralista», los convoca.En Chile, algunos mandatarios provinciales que participaron del encuentro de gobernadores de América latina (ver pág. 20) anticiparon una semana de rispideces.
Tras los chispazos de la reunión del viernes del Consejo Federal de Seguridad Interior, en el que Béliz cruzó acusaciones con el ministro de Seguridad cordobés, Carlos Alesandri, hoy está agendado el segundo encuentro de Nación con los provincianos, en este caso, con los ministros de Justicia.
Las provincias, con Córdoba y Neuquén a la cabeza
-pero acompañadas en los reparos por Mendoza, Santa Fe y Chaco-, ya expresaron que el plan de Kirchner, al hacer foco en provincia y Ciudad de Buenos Aires, podría exportar delincuentes al interior.
Ahora, los titulares de Justicia provinciales plantearán sus dudas respecto de la voluntad de Béliz de unificar los códigos procesales penales de los diferentes distritos, cuestiones que, consideran, hacen a la autonomía de las provincias.
Algunas gobernaciones díscolas, como Chaco (UCR), ya se abocaron a tender lazos con la Cámara de Diputados, un seguro teatro de la confrontación Kirchner-Duhalde.
Allí, el bonaerense podría hacer valer su supremacía numérica para trabar las leyes que necesita el santacruceño. No tanto en lo que hace al plan de seguridad, reconocen las fuentes provinciales, ya que éste beneficia a Buenos Aires, pero sí en lo que hace a las cuestiones económicas, entre ellas la coparticipación.
En esto coincide Duhalde con el mediterráneo José Manuel de la Sota, quien juró ayer que no firmará el acuerdo por la coparticipación si no hay modificaciones a la iniciativa. « El proyecto es injusto porque la Nación manejará 60 por ciento de los recursos coparticipables y las provincias 40 por ciento restante», dijo.
Posiciones similares ostentan Neuquén, Salta y Santa Fe, aunque esta última habría avanzado en la negociación la semana pasada.
Mientras tanto, en el frente Seguridad, mañana las Comisiones de Seguridad y de Legislación Penal de la Cámara baja recibirán el planteo de las provincias que consideran que las políticas anunciadas por el Ejecutivo nacional dejan en desamparo al interior.
El ministro de Gobierno chaqueño, Hugo Matkovich, será recibido por el Presidente y los integrantes de la Comisión de Seguridad, el cordobés Fernando Montoya, y el titular de la Comisión de Legislación Penal, el misionero Hernán Damiani.
«Veníamos advirtiendo que al no convocarse a gobernadores ni ministros de Seguridad de las provincias en la etapa de elaboración del plan de seguridad, todo apuntaba a otorgar apoyo logístico y de inversión al centralismo porteño», señaló el diputado nacional Víctor Zimmermann.
El chaqueño remarcó que «se otorgaron $ 1.000 millones para Capital y la provincia de Buenos Aires, pero no se habla de las fuerzas de seguridad provinciales en un plan que no responde a una política de Estado, sino a un enfrentamiento político entre dos sectores en pugna».
Pero son los cordobeses quienes más hicieron escuchar su rechazo. Un documento que repartió el ministro Alesandri entre sus colegas el viernes pasado reza lo siguiente:
· «Creemos que primero debimos ser consultados a través del Consejo Federal de Seguridad Interior y, en conjunto, haber planificado, dirigido y controlado este nuevo plan de seguridad.»
· «La reforma de la Ley de Seguridad Interior para posibilitar la intervención federal de las policías provinciales agravia el Estado federal declarado por nuestra Constitución nacional.»
· En tanto, se pregunta: «¿Los recursos para operativizar la llamada Agencia Federal con qué ingresos específicamente estarán integrado?»
Al mismo tiempo, De la Sota atacó el proyecto de coparticipación federal.
«Las conversaciones entre mis representantes y los funcionarios nacionales no han avanzado, ya que ante cada observación de los funcionarios de Córdoba contestan que ‘o’plain; entonces tendrán que presentarle al FMI un acuerdo con las provincias que Córdoba no suscribirá», dijo el mandatario.
Justamente este fin de semana, los mandatarios celebraron lo que leen como un triunfo de su lucha contra el gobierno central: es posible que el FMI extienda los plazos para un acuerdo Nación-provincias para que el proyecto sea más profundo.
Como si se tratara de una pesadilla para los negociadores nacionales, los mismos distritos afines también plantean reparos a sus planes.
Es el caso de Misiones, cuyo ministro de gobierno, Miguel Angel Iturrieta, planteó que el plan de seguridad debe ser para todas las provincias y no sólo para Capital Federal, y pidió que los recursos no salgan de la coparticipación.
En la Justicia Federal de Misiones, en tanto, el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad tampoco goza de buena fama, según un sondeo realizado entre sus integrantes.