Grave letargo de la Justicia

El considerable desprestigio de la Justicia argentina sigue sumando hechos preocupantes. La jueza del Supremo Tribunal de Misiones Marta Catella fue destituida en su cargo por la Legislatura provincial tras un veloz proceso de juicio político por haber fallado en contra de un intendente amigo del gobernador.Otros dos casos -el apartamiento de un juez penal de la investigación de un crimen que roza al poder provincial y la ofensiva contra un fiscal de Estado que denunció diversos casos de corrupción administrativa del gobierno de Carlos Rovira- motivaron la reacción legislativa y judicial de rechazo más allá de las fronteras provinciales, por lo que se califica como un avasallamiento al Poder Judicial por parte de una de las administraciones provinciales más cercanas al proyecto del presidente Néstor Kirchner.
El ex procurador santacruceño Eduardo Sosa, que ejerció funciones entre 1990 y 1995, fue indemnizado el pasado 16 de diciembre con 1.216.182 pesos, luego de una sentencia favorable. Una reforma judicial en la provincia, promovida por la gobernación de Néstor Kirchner, lo dejó en la calle sin mayores explicaciones y desde entonces sostiene una guerra jurídica con el oficialismo santacruceño. En 2001, la Corte Suprema ordenó a esa provincia la reincorporación de Sosa, y en abril del año pasado la Justicia de Santa Cruz decidió sustituir la reposición con una indemnización económica, pero sin reincorporarlo. La Corte se expresó tres veces: primero declaró la inconstitucionalidad de la ley que lo apartó del cargo y en dos oportunidades se ordenó la reposición; sin embargo, la provincia sigue sin cumplirlo.
Por otra parte, cuando un juez nacional muere, renuncia o es destituido se demora casi dos años en cubrir su vacante. El trámite demanda, en promedio, diez meses en el Consejo de la Magistratura, once en el Poder Ejecutivo y dos en el Senado. Mientras tanto, 107 tribunales funcionan hoy acéfalos en la Argentina y, como consecuencia, se retrasa el trámite de las causas, se complican las investigaciones y la calidad de las sentencias no es la misma. Para emparchar la situación, se recurre a jueces de emergencia, de dudosa constitucionalidad: los subrogantes.
El caso de Amalina Assaf, candidata a jueza electoral de Catamarca, es récord absoluto en retrasos: 21 meses, paralizado en el Senado. Los casos indicados reafirman algunos interrogantes: ¿hay independencia judicial en la Argentina? ¿Se puede hablar de una Justicia efectiva cuando el letargo pasa a ser su característica?