Los problemas de caja en las provincias ponen a prueba todo el abanico de estrategias que estudian los gobernadores ante el contexto de crisis financiera internacional, los coletazos del ya eterno conflicto entre el Gobierno y el sector agropecuario, a lo que se suma una irregular recaudación en cada distrito que empuja a varios gobernadores a pensar ya en la alternativa de desdoblar o postergar el pago de los salarios en el sector público. Asimismo, con el temible horizonte que se plantea a partir de la negativa del Gobierno nacional a enviar fondos extra, los mandatarios buscan financiamiento en diversos sectores o una reforma en la Ley de Responsabilidad Fiscal -la salida más viable que evalúa la Casa Rosada-, que permite a las provincias endeudarse y cerrar el año con déficit. A continuación, algunos de los casos con mayores dificultades:
Buenos Aires: El jefe de Gabinete, Alberto Pérez, reconoció ayer que la provincia está haciendo «todo el esfuerzo» para poder terminar un año difícil, «pagando los sueldos en término», frente a la situación financiera por la que atraviesan las cuentas públicas. De hecho, Daniel Scioli confía en un auxilio extra del Gobierno nacional para hacer frente al pago de salarios de agosto. Tiene la necesidad de cubrir un rojo de $ 250 millones. Hasta anoche nadie de Olivos respondió a los pedidos del gobernador.
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Sin embargo, el funcionario provincial trató de generar tranquilidad al menos en algunos aspectos sensibles de la administración bonaerense, como el «pago de sueldos» y la «obra pública», además de los «servicios esenciales», al afirmar que todo ello «va a estar garantizado», luego de que se analizó retrasar el pago, en medio del reclamo de Daniel Scioli a la Nación para cumplir con la erogación.
Mendoza: En medio de una complicada situación financiera provincial, el ministro de Producción, Raúl Mercau, presentó ayer el nuevo proyecto de ley para la construcción de 7.700 viviendas, que se basa en la creación de un fideicomiso por $ 649 millones y mediante el cual la provincia no se endeudará. En un primer momento, el Banco Nación colocará la totalidad de capital semilla, que le será devuelto a futuro con el dinero del pago de las hipotecas de los adjudicatarios de las casas del IPV. En una segunda etapa, de oferta pública, los fondos se colocarán a la venta con tasas de interés del 10% y los que no sean tomados por privados serán tomados por la ANSES. Así, el Gobierno podrá cumplir con la construcción de viviendas sin comprometer más la caja provincial.
Río Negro: El Gobierno ya utiliza la autorización legislativa y la garantía de la coparticipación federal para conseguir créditos bancarios. En principio, esos trámites requieren plazos superiores a las exigencias de los aguinaldos -que aún se adeudan-, y que próximamente se afrontarán con fondos propios, pero una porción quedará para pagarse en setiembre.
Las cuentas bancarias del Estado tienen descubiertos cercanos a los $ 60 millones, que serían superiores a los $ 250 millones si no fuera porque Hacienda está utilizando créditos de otros organismos y empresas provinciales. De esta manera, la provincia estaría imcumpliendo la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Córdoba: Entre 2004 y 2008, el Gobierno provincial presentó a la Legislatura provincial un proyecto de presupuesto anual que terminó siendo sustancialmente diferente a la luz de las cifras ejecutadas. Esto no ocurrió una vez, sino de manera sistemática en los últimos cinco años. Así, el Ejecutivo provincial pudo gastar de manera discrecional, sin autorización previa de la Legislatura, $ 4.595,4 millones.
Por otra parte, y sin que ese gasto haya generado ahorro u obras en beneficio de los cordobeses -las cuentas se encuentran en rojo-, las autoridades de la administración provincial denunciaron que Nación no autorizó la emisión de un bono por $ 150 millones que aliviaría las finanzas locales.
Chaco: «Es posible que podamos tener un cronograma más corto», consideró el ministro de Economía, Producción y Empleo del Chaco, Eduardo Aguilar, en función de una leve mejora en la recaudación durante el mes de agosto, tras varios pagos fuera de término.
Por otra parte, el ministro de Economía admitió que algunos gobernadores estudian la posibilidad de proponer que el 30% de coparticipación por las retenciones a la soja -que conforman el Fondo Federal Solidario- pueda destinarse también a compensar los gastos corrientes.
Neuquén: El mayor problema de la administración provincial es su abultado déficit y el retraso en el pago a proveedores que profundiza, aún más, la aguda recesión que soporta la provincia, derivada de la paralización de la actividad petrolera, pese a las promesas de mejorar el precio del crudo y del gas. Reconocidos expertos económicos no entienden cómo Neuquén, con sus recursos petrogasíferos y mineros, no ha podido armar una ingeniería financiera que la saque de este momento de postración.
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