Histórica condena a represores

Víctor Brusa

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó ayer por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar al ex juez federal Víctor Brusa, a 21 años de prisión, y a penas similares a cinco ex policías.

La sentencia fue leída por el presidente del Tribunal, Roberto Manuel López Arango, y representó la primera condena por este tipo de delitos en la historia de la provincia de Santa Fe, en el marco de la denominada «Causa Brusa».

Brusa fue condenado por ser considerado autor penalmente responsable de apremios ilegales en ocho hechos, en concurso real, durante su actuación como funcionario judicial durante la última dictadura militar.

Además, cinco ex policías fueron condenados a penas de entre 19 y 23 años de prisión por ser responsables en carácter de coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencias y amenazas e imposición de tormentos.

Todos los delitos fueron cometidos, según el Tribunal, en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado, lo que los transforma en delitos de lesa humanidad.

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Así, Juan Calixto Perizotti fue condenado a 22 años de prisión, María Eva Aebi a 19 años; Eduardo «Curro» Ramos a 23 años; Mario José Facino a 20 años; y Héctor «Pollo» Colombini a 23 años de prisión.

Además, el Tribunal, también integrado por los conjueces Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus, dispuso la inhabilitación absoluta y perpetua para todos los acusados, quienes deberán responder por las costas del juicio.

López Arango, juez subrogante e integrante del Tribunal Oral de Paraná, aclaró que el fallo fue resuelto «por unanimidad» por los tres encargados de llevar adelante el juicio.

La causa se inició a mediados de 2002, luego de que el juez federal Reinaldo Rodríguez declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y en su desarrollo tuvo demoras por recusaciones y pedidos de nulidad interpuestos por la defensa.

Los acusados están presos desde inicios de 2005, cuando fueron procesados por delitos como apremios ilegales, tormentos y privación ilegal de la libertad, todos en concurso real.