Justicia impidió secuestrar auto por deuda de patentes

«¿Cómo puede ser que la Justicia demore dos días en resolver esta apelación y cuando nosotros pedimos alguna acción en favor del fisco demore 101 días?», preguntó ayer un enfurecido Montoya, que brindó una conferencia de prensa por la tarde desde la Casa de Gobierno provincial.
A su vez, aseguró los operativos de secuestro seguirán en acción. Ayer fue el turno, en La Plata, de una coupé BMW 316 valuada en $ 65 mil, con una deuda de $ 8.595. Además, en la víspera había informado que se propone lanzar embargos preventivos (sin mediación de la Justicia) sobre 2.000 cuentas de morosos, por alrededor de $ 300 millones.
En torno al fallo de Logar, Montoya dijo que «este tipo de jueces dice me cago en los que pagan, es decir se cagan en millones de contribuyentes que pagan sus deudas impositivas». Aunque luego intentó bromear: «Vamos a conseguir toallitas para limpiar la cola de los bebés para limpiar las cagadas de los jueces».

También el ministro de Gobierno bonaerense, Florencio Randazzo, salió ayer al ruedo, para afirmar que «seguiremos hostigando a los que tienen plata y eligen no pagar lo que deben» y sostuvo que «ningún juez nos hará bajar los brazos, porque la pelea a fondo contra la evasión fiscal es para nosotros una política de Estado». Randazzo dijo además, respecto del fallo de Logar que es «insólito que desde un poder del Estado se ampare a quienes eluden su responsabilidad como contribuyentes».
Horas antes, el Ministro de Economía bonaerense, Gerardo Otero, había salido al cruce de la Justicia local. «Hay jueces que quizás crean que sobreactuando en contra del Estado sostienen su independencia de acciones, pero terminan amparando a los evasores. Si no lo consideran así, sería bueno que consulten la opinión de la gente al respecto», manifestó.
El eje de la cuestión son los superpoderes que -reforma de la Ley Impositiva mediante- aprobó la Legislatura local en diciembre pasado, por el cual el Ejecutivo bonaerense logró que se le atribuyeran facultades como el embargo de propiedades y cuentas bancarias, así como el secuestro de automóviles deudores de patentes, sin necesidad de que medie una orden de la Justicia. En el caso de los vehículos, éstos deben estar valuados en más de $ 35 mil y adeudar montos equivalentes a 10% de ese valor o 30 de las facturas del impuesto a las patentes emitidas.
«La Legislatura bonaerense comprendió la magnitud del problema y por ello concedió al Poder Ejecutivo estas facultades que hoy son cuestionadas, en actitudes que más se asemejan a defensa corporativa que a una verdadera protección de los derechos que se dice resguardar», justificó Otero. Al decir de este ministro, «son leyes que se constituyen
en herramientas esenciales para cobrarles a aquellos que, claramente, evidencian capacidad de compra por su alto poder adquisitivo pero deliberadamente no pagan los impuestos».
En el caso conocido ayer, fuentes judiciales informaron que la magistrada Logar «no resolvió la cuestión de fondo» sobre la presunta inconstitucionalidad de la ley que permitió el secuestro del rodado, pero mientras se analiza ese tema «ordenó la restitución en forma inmediata del vehículo».
A su vez, Rodríguez, el titular del auto aseguró ayer que debe «$13.700, no $22 mil, y con el plan de 24 cuotas se me va a $16 mil. Quieren que entregue 50% para la devolución del rodado y no puedo pagar eso».