Justicia inspeccionó oficinas de Porretti

Buenos Aires - La Fiscalía de Dolores realizó ayer una serie pericias en oficinas del cuestionado intendente de Pinamar, Roberto Porretti, en el edificio comunal, a fin de determinar si allí fue filmado el video que presuntamente involucra al hombre del kirchnerismo en la causa que se le sigue por el supuesto cobro de coimas a empresarios de locales bailables.
El operativo fue llevado adelante por la fiscal María Fernanda Hachman -a quien fueron entregadas la imágenes tomadas por una cámara oculta-, junto a efectivos de la Policía Científica.
La inspección fue seguida de cerca por Porretti -quien ayer se negó a notificarse de un pedido de descargo disparado desde el Concejo Deliberante- y por su omnipresente abogado José Ochoa. Hachman evitó dar detalles sobre el operativo, aunque aclaró que no se trató de un «allanamiento».

 Citación
Corren horas clave para el intendente, ya que fue citado para el martes próximo por la Cámara de Apelaciones de Dolores, que deberá definir si lo deja libre o si correrá la misma suerte que su detenido ex ministro de gobierno, Aldo Leonian. Ese día, los jueces escucharán los argumentos que intentará esbozar la defensa para justificar una eximición de prisión en la causa.
En este marco, trascendió además ayer que recién el próximo martes se conocerían datos sobre las pericias que realizó la Gendarmería Nacional sobre el video de la polémica. Dichas pericias sobre el disco compacto aportado por los denunciantes -dueños del complejo bailable Ku/El Alma-, deberán servir para que el juzgado de Garantías resuelva si es el material válido y puede ser tomado como prueba.
Ante la falta de avances contundentes surgidos desde la esfera judicial, los movimientos se producen a nivel político, escenario donde Porretti ha perdido buena parte de sus aliados.
El Concejo Deliberante, a través de la comisión investigadora integrada por seis de sus 10 miembros, dio un plazo de 10 días para que Porretti presente un informe sobre su situación.
En la mañana de ayer, el presidente del Concejo, Rafael de Vito -el segundo en la línea de sucesión y a quien muchos apuntan como enemigo del actual jefe de la comuna-, concurrió a la Municipalidad para entregar el escrito, pero Porretti se negó a recibirlo y firmarlo. Aún así, sólo se trataba de una formalidad, ya que el funcionario quedó oficialmente informado, según aseguraron los concejales a través de una conferencia de prensa.
La medida es un paso previo a la posible suspensión preventiva de Porretti como jefe comunal, cuestión que comenzará a ser tratada por la Concejo Deliberante en sesión especial en cuanto el funcionario haga entrega del informe pedido o, en caso contrario, cuando se cumpla el plazo de 10 días. A partir de allí habrá otro tiempo, en este caso de 15 días, para evaluar el caso y expedirse.
El principal obstáculo que encuentran los ediles para sacar a Porretti de su cargo es que el artículo 248 del capítulo 10 de la Ley Orgánica de las municipalidades, donde se tratan «sanciones y procedimientos», exige que exista sentencia condenatoria firme para la destitución de un intendente. Como no existe tal decisión del tribunal de Dolores, Porretti no puede ser suspendido de modo directo. Es por eso que la oposición insiste con que se tome licencia.
El sector del Concejo Deliberante que pugna por la destitución de Porretti está integrado por Leonor Di Maio, De Vito, Víctor Pardo y Enrique Giménez. Según se desprende del escrito oficializado el lunes por la noche, sostienen que el móvil para remover al intendente es su «conducta», que «pone en riesgo a toda la administración municipal», y no necesariamente la existencia de pruebas sobre la supuesta extorsión que habrían protagonizado Porretti y Leonian.