Jefes comunales de distintas regiones de la provincia coordinan acciones: desde un "frazadazo" en el Congreso hasta presentaciones judiciales, juntada de firmas y repudios en los concejos deliberantes. Advierten que las facturas pueden subir hasta un 120% antes del invierno.
Intendentes y dirigentes de la Quinta Sección Electoral se reunieron para coordinar acciones contra el recorte de zona fría.
La aprobación que obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto del gobierno de Javier Milei para achicar el régimen de Zona Fría -el esquema que subsidia el consumo de gas natural en regiones de bajas temperaturas- encendió una alarma en la provincia de Buenos Aires.
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Desde el sudoeste hasta la costa atlántica, jefes comunales peronistas y vecinalistas de distintos rincones del territorio bonaerense, que perderían el beneficio si el Senado convierte la iniciativa en ley, ya coordinan acciones concretas para presionar a los legisladores nacionales: un "frazadazo" frente al Congreso -que ya tiene hasta su propia cumbia-, una red de municipios, juntada de firmas en las plazas, resoluciones en los concejos deliberantes y hasta la amenaza de ir a la Justicia.
El proyecto impulsado por La Libertad Avanza busca retrotraer el régimen al diseño original de 2002, cuando solo contemplaba a las provincias patagónicas, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Quedarían afuera todos los distritos incorporados en la ampliación que impulsó el diputado Máximo Kirchner en 2021, entre ellos la enorme mayoría de los municipios bonaerenses.
En la provincia de Buenos Aires, el impacto alcanzaría a unos 1,24 millones de hogares en 94 municipios, con subas en la factura de gas de entre el 40% y el 100%, según algunas estimaciones que incluyen los aumentos tarifarios ya previstos para los próximos meses.
Ámbito consultó a alcaldes de distintos distritos afectados y el diagnóstico fue unánime: el recorte golpea sobre familias que ya no llegan a fin de mes, amenaza la actividad económica local y podría colapsar los sistemas públicos de salud. Lo que varía es el tono: algunos apuntan a la judicialización, otros priorizan la organización política, pero todos coinciden en que el tiempo apremia antes de que lleguen las facturas de agosto.
La primera respuesta colectiva y organizada surgió ayer en la Quinta sección electoral. Con el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, como anfitrión, concejales y dirigentes peronistas de 20 de los 27 distritos que componen esa región se reunieron para trazar una hoja de ruta de resistencia.
Las definiciones fueron concretas. La más vistosa: un "frazadazo" frente a las puertas del Congreso para evitar que el Senado vote la iniciativa. La protesta ya tiene su propio himno: desde el PJ de Villa Gesell compusieron una cumbia cuyo estribillo dice "¡Que no nos roben el calor! La zona fría no se toca, que lo escuche el Senado, señor", una canción que comenzó a circular en redes y que los organizadores esperan que se convierta en la banda sonora de la movilización.
Barrera fue directo al describir la situación en su distrito: "Si llega a sancionarse esta ley, tarifas que ya son impagables van a incrementarse un 40 o 50%. En Gesell hay 11 mil medidores. El 60% tiene deudas, atrasos o problemas de pedido de cortes. Se va a quedar todo el mundo sin gas".
El alcalde amplió el cuadro más allá de lo doméstico: "Esto afecta a todos los sectores, al productivo, al turismo. Para reservar un hotel o cabaña va a ser más costoso, para una panadería elaborar el pan. La gente está endeudada y no llega a fin de mes. Acá no hay trabajo, el turismo bajó muchísimo". Y calificó la avanzada de La Libertad Avanza como "un nuevo avasallamiento del gobierno nacional que una vez más le pone la mano en el bolsillo a empresarios y al pueblo en general para favorecer otros intereses".
El dirigente agregó: "Ellos usan excusas, dicen que solo afecta a los que ganan más de 4 millones de pesos. Es todo mentira. Ya hubo leyes de este tipo y siempre pierde la gente".
De la reunión surgieron también decisiones organizativas concretas: se armó un grupo de WhatsApp para coordinar medidas, se resolvió presentar proyectos en los 27 concejos deliberantes de la sección y se lanzó una junta de firmas. "Hay que pelearla: la única lucha que se pierde es la que se abandona", cerró Barrera.
Desde Bahía Blanca, una de las ciudades con mayor cantidad de usuarios alcanzados por el régimen, el intendente Federico Susbielles expresó su preocupación al diario La Nueva. "Es un momento de preocupación y de frustración. Estuvimos muchos años defendiendo esta ley que protege los intereses de Bahía Blanca. Nuestra ciudad no solamente es Zona Fría sino que también es Patagónica, por múltiples situaciones", señaló.
Recordó que Bahía Blanca tiene "registros térmicos homologables" a los de la Patagonia, con más viento, y que además los bahienses "ganamos la mitad de lo que se gana en la Patagonia". En ese marco, el impacto del recorte sería durísimo: según el informe de IERAL Fundación Mediterránea, un hogar con consumo promedio de 118 m³ mensuales vería su factura pasar de $19.945 a $39.890, un salto del 100%.
"Este derecho que nos asistía de ser Zona Fría y de pagar entre un 30 y un 50% menos en la factura era importante. Especialmente, en un momento crítico porque a la gente le cuesta mucho llegar a fin de mes. Preocupa que haya familias que tengan que elegir entre calefaccionarse o alimentarse", sostuvo el jefe comunal, quien también llamó a "toda la dirigencia política de Bahía Blanca" a unirse y advirtió que el recorte "es un retroceso importante". Y con una frase sintetizó el tono de la resistencia: "Transitar el invierno con calefacción no debe ser privilegio de unos pocos".
En igual tono, el jefe comunal de Olavarría, Maximiliano Wesner, describió a este medio la magnitud del golpe para su distrito con números concretos. "Estamos hablando de más de 43 mil familias olavarrienses que hoy son beneficiarias de este derecho y que gracias a eso pueden afrontar el invierno en una región fría como la nuestra. Si el Gobierno avanza con esta modificación, el aumento en las boletas podría ir del 40% al 60%, en un contexto donde los salarios y las jubilaciones vienen perdiendo poder adquisitivo mes a mes", sostuvo.
Wesner fue más allá del impacto local y apuntó contra la lógica de la decisión: "Esta medida afectaría al comercio, a las pequeñas empresas y a toda la actividad económica local, porque son recursos que hoy quedan en Olavarría y que el Gobierno pretende trasladar a las grandes empresas energéticas. En una ciudad productiva y trabajadora como la nuestra, esto significa menos consumo, menos movimiento económico y más dificultades para miles de familias que ya están haciendo un enorme esfuerzo para llegar a fin de mes".
También alertó sobre las consecuencias sanitarias: cuando una familia no puede calefaccionar su hogar, señaló, aumentan las enfermedades respiratorias, los cuadros de gripe, bronquiolitis y neumonía, "especialmente en niños, niñas y adultos mayores". En ese marco, anunció que desde el peronismo van a "acompañar todas las iniciativas que busquen frenar este recorte, tanto en el Congreso como en el plano judicial si fuera necesario", y que está trabajando en articular una respuesta conjunta con municipios de la región, cámaras de comercio, centros de jubilados y representantes de los trabajadores.
"No podemos aceptar que, mientras Argentina produce energía, miles de familias tengan que elegir entre calefaccionarse o cubrir otras necesidades básicas", cerró.
Pablo Garate, alcalde de Tres Arroyos, fue uno de los más contundentes en sus declaraciones. "Está claro que es un desconocimiento profundo de lo que pasa en el interior. No me sorprende. Se trata de funcionarios que solo ven planillas de Excel y ven las cosas desde escritorios en la capital federal. No entienden la lógica ni lo que pasa en el interior", disparó.
Garate tiene historia en el tema: en 2017, cuando era diputado nacional, impulsó un proyecto para ampliar la zona fría basado precisamente en criterios climáticos, al advertir que municipios de Mendoza, La Pampa y Neuquén con los mismos registros de temperatura que Tres Arroyos ya estaban incluidos en el régimen. "Esto no es un subsidio, sino un derecho para quienes vivimos en lugares donde hace frío gran parte del año. De hecho, la última helada que se registra en esta región es en noviembre", subrayó.
Y anticipó una ofensiva en múltiples frentes: "Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para defender no solo la zona fría de Tres Arroyos sino de toda la región: desde presentaciones judiciales, cuestiones políticas. Nos vamos a juntar con otros intendentes y vamos a hacer lo que corresponda porque este es un derecho, no un subsidio o algo discrecional".
Uno de los análisis más filosos llegó desde Coronel Suárez, donde el mandamás Ricardo Moccero desmontó punto por punto el argumento oficial. Para él, hablar de "quita de subsidios" es directamente una mentira: "La boleta de gas tiene un 7% que se le cobra a todos los argentinos para contemplar las zonas más frías, y eso lo pagamos todos, no el gobierno nacional. No es quitar ningún subsidio".
Pero el argumento que Moccero considera más grave apunta al destino real de ese dinero. "Esa quita de zona fría -se recaudan 450 mil millones- ese traspaso de la gente de clase media o media baja irá a las petroleras, a las proveedoras de gas. Traslada recursos de todos los argentinos a los amigos del presidente. Es un absurdo. Es lo más injusto que vi en mi vida", afirmó. En la misma línea, fue categórico: "El Estado no se ahorra nada, sino que hace un traspaso de fondos a las intermediarias".
Las consecuencias que describe son tan económicas como sanitarias. "La gente acá empieza con problemas. Imaginen cuando tenga que pagar 120% más de gas o tener problemas de salud por tener que achicar la calefacción. Eso va a colapsar el sistema público de salud, los hospitales. Si la gente no se puede calefaccionar, los chicos se enferman y los adultos también. Afecta también la producción", advirtió.
Moccero encuadró el conflicto en el escenario de crisis más amplio que atraviesan los vecinos de Coronel Suárez: "Esto se suma a los demás aumentos desmedidos, falta de empleo, familias en la calle buscando trabajo, sin cobertura social. Milei es insensible y no le importa la gente, pero esto llega a extremos". Y subrayó que la resistencia va más allá del peronismo: "Los mandatarios del vecinalismo, como nuestro caso, con radicales y peronistas, estamos todos involucrados porque nos perjudica a todos. Es una medida cruel y absurda".
En términos de estrategia, el mandatario anunció que están convocando a la comunidad a través de redes sociales -"miles se sumaron ya a rechazar la ley"- y que trabajan con otros municipios para judicializar la medida si se aprueba, mientras analizan además la presentación de un amparo. Moccero también recordó que el proyecto que el oficialismo busca modificar fue originalmente impulsado desde Coronel Suárez, lo que le da un peso simbólico particular a la resistencia que emerge desde ese distrito.
A su turno, Sebastián Ianantuony, jefe comunal de General Alvarado (Miramar), no ocultó su preocupación. "La reducción de zona fría va a impactar mucho sobre la cuestión doméstica en un contexto en el que las familias no están pudiendo llegar a fin de mes. Esto es un golpe muy duro al bolsillo de las familias. Ya lo vivimos durante el macrismo con la quita de los subsidios", recordó.
Ianantuony puso en perspectiva la crueldad del timing: "Hay mínimas de 4 grados y ni arrancó el invierno. Estamos muy preocupados". Y enumeró el cuadro general: "Encima sacan las pensiones por discapacidad. El panorama es muy complicado". El intendente anunció que se están "agotando instancias para reclamar" desde la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde se creó un Foro de Intendentes para canalizar las protestas.
En igual sintonía, Walter Wischnivetzky, de Mar Chiquita, fue categórico: "La posibilidad de reducir o eliminar el régimen de zona fría afectaría muchísimo a todo Mar Chiquita y a toda la Argentina. Hay que reconocer las diferencias y necesidades dentro del país, la situación en la que está nuestro pueblo gracias al plan económico del presidente Milei y reducir la crueldad a la que nos tiene acostumbrados este gobierno. Es una locura reducir el régimen".
El mandatario enumeró las consecuencias que anticipa: problemas de salud, de producción, laborales y de consumo. Anunció que junto a otros municipios bonaerenses, "sin distinción de banderías políticas", se están haciendo presentaciones ante el Senado y que, si el proyecto avanza igual, lo judicializarán. "Pido a los senadores que piensen en el pueblo y rechacen este proyecto", cerró.
De igual modo, el mandamás de Tapalqué, Gustavo Cocconi, trazó un diagnóstico político más amplio: "Hay un desamparo general del gobierno nacional, que manotea recursos para cumplir con el FMI. Es un desamparo de los vecinos. Sobre todo los más afectados, que son los de la tercera edad, los que apenas acceden a alimentos". El dirigente señaló que "hay dos economías: la que genera recursos a las empresas petroleras y a la minería, y la de los vecinos, que estásufriendo por este gobierno insensible" y adelantó que "desde la FAM vamos a visibilizar la búsqueda de defender derechos para el pueblo, vamos a hacer presentaciones ante la Justicia si esto se sanciona".
Cocconi también señaló el impacto en el turismo, uno de los motores de su economía local: "Desde que iniciamos actividades turísticas como las termas, el hotel consume gas; seguro incrementa los servicios y lo que mueve la actividad".
Ricardo Marino, jefe comunal de Patagones -el único municipio bonaerense que figuraba en el régimen original de 2002, antes de la ampliación de 2021- puso en perspectiva histórica lo que está en juego. "Ser patagónico no fue producto de la naturaleza, sino que muchos luchamos para lograrlo: yo primero desde la CGT, el por entonces diputado radical Juan Pedro Tunessi y el por entonces senador peronista Haroldo Lebed logramos, con el apoyo del Concejo Deliberante local y tantos otros dirigentes, la ley para tener los derechos que hoy están en peligro", recordó.
Marino precisó que, aun siendo parte del régimen original, Patagones perdería entre el 25% y el 30% del beneficio actual, porque el nuevo proyecto acota el alcance incluso dentro de la zona histórica. "Son 4 millones de personas las que se verán afectadas, sobre todo los más vulnerables. Si en este momento es difícil pagar el gas con estos valores, cuando desaparezca el subsidio será imposible", advirtió. El alcalde convocó a los concejos deliberantes de todos los municipios afectados a sumarse al rechazo e instó a "levantar la bandera del rechazo unánime".
En el coro de voces que reclaman judicialización, María Celia Gianini, alcaldesa de Carlos Tejedor, aportó la nota discordante más reflexiva. Para ella, la zona fría "no es un privilegio, fue pensada desde sus inicios como una herramienta de equidad y cuidado para millones de familias del interior". Y la enmarcó en una lógica más amplia: "Es una especie de salario indirecto, porque lo que no recibís como remuneración por el trabajo que desempeñas, el Estado compensa con políticas como la de Zona Fría".
Pero Gianini marcó distancia del camino judicial que otros impulsan: "Personalmente no creo que la salida principal sea la judicialización de, en definitiva, una decisión política. Creo más en la construcción democrática, en la representación y en la organización de una mayoría que defienda los intereses concretos de nuestro pueblo". Y cerró con una perspectiva de largo plazo que ningún otro mandatario se animó a formular: "Si esta ley se modifica o se recorta, el próximo gobierno -que estoy convencida de que va a ser peronista- tendrá la responsabilidad de restituir este derecho". En un contexto de resistencia urgente y reactiva, la voz de Gianini apuesta al tiempo largo.
La preocupación se extendió también a otros distritos. Ricardo Curutchet, de Marcos Paz, advirtió ante Ámbito que "la eliminación de muchos municipios de la Ley de Zona Fría impacta de manera importante en las familias de nuestro distrito". En tanto, Hernán Arranz, de Monte Hermoso, fue directo: "En este contexto de contracción económica las familias están en rojo. Todo lo que sea agregarle al debe es una locura". Y recordó que "somos más de 90 comunidades bonaerenses las que vamos a ser perjudicadas con subas de entre el 30% y el 50% si el Senado acompaña esta modificación".
Mientras los alcaldes bonaerenses coordinan su resistencia, desde La Libertad Avanza el relato es otro. Aseguran desde las filas violetas que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo busca establecer una segmentación geográfica y socioeconómica de los subsidios "conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal".
En la práctica, para las zonas incorporadas en la ampliación de 2021, el beneficio quedaría limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
Los referentes libertarios rechazan la palabra "eliminación" y defienden el proyecto como una racionalización necesaria. La senadora provincial Cecilia Martínez, de LLA, lo sintetizó así en Mar del Plata: "No es una eliminación de zona fría, es una adecuación del régimen. Todas las personas que ganen menos de casi cuatro millones y medio de pesos van a seguir sosteniendo el subsidio", y cuestionó que el sistema actual subsidiara de forma "indiscriminada" a sectores que no lo necesitan.
Desde el espacio libertario también sostuvieron que "se termina con un esquema regresivo, deficitario e injusto, y los subsidios van a llegar a los que realmente los necesitan, cuidando el equilibrio fiscal y sin aumentar impuestos".
El argumento oficial se basa en que "los recursos económicos son escasos" y que es necesario que "la gente que pueda pagar la energía, la pague". De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, el Estado busca generar un ahorro fiscal estimado entre $200.000 y $480.000 millones de pesos. Es exactamente ese punto el que Moccero desmiente de raíz: ese dinero no lo pone el Estado, sino que ya sale del 7% que se cobra en la boleta a todos los argentinos, y al quitarlo no se ahorra nada, sino que se transfiere a las distribuidoras.
El proyecto está ahora en el Senado, donde la oposición buscará frenarlo antes de que llegue el invierno y con él las facturas más altas. Los alcaldes son conscientes de que el tiempo juega en su contra o a su favor, según se mire: como advirtió la diputada nacional Jimena López en la reunión de Villa Gesell, "hay dos cosas en la memoria corporal que no se olvidan nunca: el frío y el hambre". Las facturas más altas llegarán en agosto o septiembre, cuando el debate político ya habrá pasado. De ahí la urgencia de actuar ahora.
La cumbia, las frazadas, las firmas y los recursos judiciales son, por ahora, las armas de un peronismo bonaerense que busca convertir una derrota legislativa en Diputados en una victoria política en el Senado y, si eso falla, en los tribunales.