Más provincias pelean por regalías

Los mendocinos echarían mano a este recurso en parte como resultado de la presión que ponen los gremios estatales, los cuales pretenden participar en la renta provincial y descubrieron que desde 2004 la provincia perdió de recibir unos $ 120 millones en concepto de regalías.

Malestar

De hecho, este tipo de cálculos ocasiona malestar en todos los distritos hidrocarburíferos, ya que en conjunto ocho provincias perderían este año $ 2.400 millones en regalías petroleras a raíz de la decisión del gobierno nacional de subsidiar el precio del combustible en todo el país.
En este marco, el mendocino Cobos consiguió que se tratara una ley que establece que los yacimientos de hidrocarburos del subsuelo y suelo mendocinos son patrimonio del Estado provincial y es el gobierno quien se encargará del incremento de su producción. Con esta norma, la provincia cuyana cuenta con la herramienta legal para atraer inversiones en el sector petrolero.
El gobernador cuyano necesitaba esta norma porque dos semanas atrás en Buenos Aires, ya anunció ante 28 compañías tomadoras de decisiones que comienza el proceso licitatorio de las 13 primeras áreas que el gobierno espera concesionar entre 2006 y 2007. Mañana, el gobernador tiene agendada una presentación de la primera ronda de áreas petroleras en el Club del Petróleo, en la Ciudad de Buenos Aires, con participación de las multinacionales que operan en el negocio petrolero.
Neuquén está a la cabeza de los reclamos, porque fue a la Justicia -se discute si los hidrocarburos son jurisdicción provincial o federal-, inclusive antes de que el precio del crudo llegara a niveles récord.
Neuquén entregó sus áreas hidrocarburíferas secundarias a la estatal Hidenesa, planteando una asociación con privados para licitarlas, al tiempo que les impuso a las petroleras, por decreto, que liquiden las regalías en base al precio internacional del petróleo y, del gas, al valor al que se le compra el fluido a Bolivia. Aun así, las empresas rechazaron la pretensión a nivel administrativo.
El resto de las provincias no marcó su postura cuando el gobierno federal impuso retenciones extraordinarias a la exportación de crudo y un valor de venta en el mercado interno.