Muchos pensaron que se trataba de una promesa de campaña -el domingo hubo elecciones en la provincia- cuando Iglesias dejó trascender hace una semana que estaba considerando pedir la condonación o la reducción de la pena de Sosa, pero este miércoles el gobernador dio un paso concreto en la materia, pidiendo a la Suprema Corte de Justicia local que genere un informe sobre el caso.
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«Con todos los datos en la mano, tomará una decisión. El tiene la última palabra», informó a la prensa un colaborador de Iglesias. En rigor, el mandatario está siguiendo las reglas de acuerdo con la Constitución de Mendoza. Otorgar indultos o conmutar penas son facultades del gobernador, siempre y cuando haya «previo informe de la Suprema Corte sobre la oportunidad y conveniencia».
Semanas atrás, Iglesias se había reunido con grupos de defensa de derechos de la mujer, que le advirtieron sobre los datos que habían surgido del juicio de Sosa, acerca de graves maltratos, golpes y hasta violaciones provocados por su esposo, el policía provincial Eduardo Quiroga.
El 1° de marzo de 2001 Sosa, de 22 años de edad, mató a su cónyuge mientras éste dormía, de un tiro en la nuca. Llevaban un año de casados, tras cinco de noviazgo, y ella argumentó que estaba desesperada y que, en realidad, solo había querido asustarlo gatillando su arma reglamentaria cerca de su cuerpo. Además, Sosa hizo saber que había querido realizar denuncias sobre las agresiones que recibía, pero que éstas no eran tomadas por la Policía cuando se enteraban que estaba implicado un miembro de la fuerza.
Hace un mes, Pablo Salinas y Diego Lavado tomaron la defensa de Sosa y decidieron pedir al gobernador que utilice la facultad de condonar penas. Fueron atendidos la semana pasada y rápidamente les llegó el dato de que el gobierno no sólo estaría de acuerdo con una condonación, sino que hasta evaluaba un indulto.
«Nosotros logramos el compromiso de Iglesias para condonar el período de encarcelamiento de 15 a 5 años», señaló Salinas a Ambito Nacional. Como Sosa ya cumplió tres años de condena, accedería al sistema de libertad asistida, pudiendo abandonar su reclusión por la mañana para regresar de noche.
La defensa de Sosa entiende que la pena que se le impuso es exagerada, «ya que le aplicaron el agravante del 41 bis (uso de arma de fuego), que no correspondería para casos de homicidio», indicó Salinas
Las repercusiones del caso son fuertes. Mariano Godoy Lemos, abogado de la familia Quiroga aseguró que argumentaría la «inconstitucional» ante un supuesto indulto. Por su parte, ante la avanzada del gobierno, Elsa Núñez de Quiroga, madre del policía asesinado llevó un escrito a un diario local, en el cual dice que quiere «terminar con las mentiras dichas sobre mi hijo» y resalta que «cuatro de los cinco médicos psiquiatras que la examinaron (a Sosa) dijeron que la mujer tiene una personalidad psicópata perversa».
Del lado de la defensa de Sosa, Salinas dijo que sólo hubo dos peritajes-uno a favor y otro en contra- y se mostró confiado, señalando que se trata de un trámite en el que «solamente falta el dictamen del procurador, que seguramente será favo rable», considerando que cree más posible que se otorgue una condonación de la pena antes que un indulto.
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