El fallo -que avaló así esa derogación- será apelado por el Ejecutivo misionero ante la Corte Suprema de Justicia nacional, en vista de que significa la eliminación de los topes a las jubilaciones de privilegio, que de ahora en más le costarán al Instituto de Previsión Social más de $ 12 millones, con el consiguiente riesgo de desfinanciamiento de la caja previsional.
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La decisión del STJ se tomó el 27 de octubre -pero recién trascendió esta semana-, y da a entender que la Legislatura tenía «plena atribución» para decidir la anulación de la emergencia. Ante ello, fuentes del IPS anticiparon que el organismo no pagaría las jubilaciones sin tope, mientras aguardan la posición de la Corte federal.
Tras la derogación de la norma por parte de la Legislatura misionera -dominada por la oposición-, las jubilaciones que tenían un tope de $ 3.034 tendrán ahora un límite de $ 4.754,25, lo que significa 56,7% más de sus haberes actuales.
• Descuento
La ley aprobada por la Legislatura contiene además, un artículo que deroga el descuento de 13% a los estatales misioneros y que confirma la intangibilidad del salario.
A fines de octubre de 2003, mediante la Ley 3.992, la Legislatura puso fin a la emergencia previsional que llevaba diez años en la provincia. En desacuerdo, el Ejecutivo provincial cuestionó la decisión ante la Justicia, lo que inició una causa que derivó en este último pronunciamiento del STJ.
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