Misiones: bloquean un paso a Paraguay

Entre las 9.30 y las 13.30 el bloqueo en la cabecera del viaducto fue total. Pero un acuerdo con Gendarmería posibilitó luego que el piquete se levantara 15 minutos cada tres horas, para descomprimir el tránsito en la zona. Ayer la EBY cuestionó el bloqueo como «método de presión» y recordó que el caso se encuentra «en la Justicia».
De esta forma, nuevamente volvió a ser cortado por una protesta un puente internacional, a sólo dos semanas del levantamiento del piquete de ambientalistas y vecinos de Gualeguaychú (Entre Ríos) contra la instalación de dos papeleras en Uruguay.
En un escenario regional más que caldeado, una potencial continuidad de esta medida de fuerza podría generar cortocircuitos también con Paraguay, en materia de afectación de vías terrestres internacionales de comunicación.
Como en el caso del enfrentamiento ambiental con Tabaré Vázquez, ya hubo algunos chisporroteos con el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, que se quejó por la polución ambiental que -dicen- generarían tres plantas de celulosa instaladas en Misiones.
Ante un diagrama de seguridad ampliado, la protesta por el impacto de la represa (que explotan la Argentina y Paraguay) generó largas colas de vehículos, sobre todo en el sentido Encarnación-Posadas. En cambio, no se vio afectado el flujo de pasajeros a pie. Para la medianoche de ayer estaba prevista una nueva asamblea, con el objetivo de definir los pasos a seguir. Se analizaba la posibilidad de endurecer la medida mediante el bloqueo total del paso de camiones, además de exigir la presencia en el lugar del procurador general de la Nación, Esteban Righi, a quien acusan de demorar la causa judicial en la que se dirime el pago de las indemnizaciones.
Se trata de un grupo de oleros (armadores de ladrillos con el barro del río), lavanderos y pescadores que vivían en la orilla del río Paraná, y que con el aumento de la cota de la represa debieron ser relocalizados. El proceso, que se inició a principios de los noventa, ya reubicó a 3.895 familias.
En este marco, cerca de 1.200 personas hace cerca de un año y medio se presentaron ante la Justicia Federal para exigir que la entidad binacional además los indemnice por el traslado de sus viviendas. Allí 200 de ellas obtuvieron un fallo a favor (por $ 17 millones), que fue apelado por la EBY, y hoy la causa se dirime en la Corte nacional.
En este sentido, el abogado defensor de las asociaciones que nuclean a oleros y lavanderas demandantes, Héctor Falicoff, aseguró ayer que la protesta responde a «la pasividad demostrada por el procurador de la Nación, Esteban Righi». «Tiene nuestro expediente de diez mil fojas hace más de cinco meses sin dictamen», denunció Falicoff, a quien la EBY no descarta denunciar penalmente por promover esta acción.