Para Salvatori, la Nación continúa ejerciendo el poder de policía, concedente, de control y reglamento que debe corresponder exclusivamente a las provincias en la totalidad de los yacimientos que se encuentren bajo su jurisdicción.La iniciativa legisla sobre todo lo referente al recurso, su exploración, explotación, valorización, transporte, indemnizaciones y lo referido a la remediación ambiental. El proyecto se refiere a la propiedad de los yacimientos, su dominio y a las transferencias a las provincias productoras de la información petrolera que actualmente está bajo jurisdicción nacional.
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