17 de junio 2003 - 00:00
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La medida, dispuesta a través de un decreto emitido el jueves pasado, generó este fin de semana una fuerte polémica en la provincia, donde los trabajadores agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se declararon en estado de alerta y asamblea permanente por considerar «deplorable» y «aberrante» la disposi-
ción.
En tanto, desde el Ejecutivo, el propio gobernador Ricardo Colombi explicó que la disposición «se trata de un decreto que corrige la redacción de uno anterior y contempla la incompatibilidad de funciones de aquellos funcionarios con rango superior».
En este sentido, en sus declaraciones, el mandatario provincial aclaró que el incremento «está especificado para los ministros, secretarios y para el fiscal de Estado, que por sus funciones no pueden ejercer sus respectivas profesiones», y explicó que «de ninguna manera» se trata de un aumento «porque esto ya se pagaba con anterioridad».
«Impunidad»
La polémica en torno a esta medida se desató cuando la filial correntina de ATE tomó conocimiento de la existencia del decreto y afirmó que «el gobierno no puede seguir manejándose con impunidad y corrupción».
Según los opositores a Colombi, el gobierno provincial se burla de los empleados públicos, a quienes paga 210 pesos mensuales, una suma congelada desde 1991.
Además cuestionaron la transparencia, la ecuanimidad y sensibilidad social que dice tener el gobernador al cuestionar «cómo un funcionario correntino va a ganar más de los 3 mil pesos que gana el presidente Néstor Kirchner».
El decreto en cuestión es el número 1.337, dictado el jueves 12 de junio, que fue firmado, además del gobernador, por los ministros del Poder Ejecutivo y por el secretario general de la Gobernación.
Por su parte, el ministro de Hacienda provincial, Enrique Vaz Torres, señaló que «se trata de la regulación de un decreto que ya existía y que contempla el cobro de una remuneración extra para los profesionales que son convocados a la función pública y que no pueden seguir ejerciendo su profesión por razones de incompatibilidad».
«Esto se justifica -agre-
gó el funcionario- porque de lo contrario es muy difícil conseguir gente capacitada que esté dispuesta a dejar su tarea particular y su nivel de remuneraciones, a cambio de un sueldo del Estado que siempre está por debajo de lo que recibía en su tarea.»




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