Piden intervenir la Legislatura riojana

Por medio de una nota, los caciques comunales solicitan al Presidente la intervención federal, «en atención a la grave situación jurídico político institucional a la que sus miembros han llevado a cada uno de los departamentos que representamos, y a la provincia».
«Es por usted conocida la transición hacia un cambio progresista iniciado en la provincia en 2005, a partir de la constitución del Frente para la Victoria, hecho ratificado el pasado 10 de enero, en conjunto con todas las fuerzas que reconocen el liderazgo del señor Presidente en La Rioja», dice la carta.
 Reforma
Los intendentes destacan que ese cambio completaba una reforma política que fue rechazada por la Legislatura, que «siguiendo las viejas prácticas políticas electorales imperantes desde los 80, buscan frenar ese cambio basado en la regionalización, representación de las minorías y acceso de la mujer a las bancas».
«Por una apetencia personal desmedida es que comienza un proceso de socavamiento institucional encabezado por el vicegobernador con la complicidad de 18 de los 23 diputados que se convierten en los opositores al gobierno de Angel Maza, avasallando las facultades que la Constitución otorga a la función ejecutiva», agregó el escrito.
En los dos últimos párrafos, la nota advierte que «como agravante, se ha creado un clima de temor en el Poder Judicial... ya que quienes no fallan conforme a los designios de la mayoría absoluta de la Cámara son sometidos a falsos juicios políticos y destituidos antes de ingresar al recinto».
En simultáneo, el gobierno provincial denunció que las leyes que sancionó la Cámara de Diputados desde mediados del año pasado le generan al Tesoro un costo adicional de 106 millones de pesos.
El Ministerio de Hacienda advirtió en un informe dado a conocer ayer que:
c La sanción y aplicación de la ley de tickets o vales alimentarios le costará a la provincia unos 17 millones de pesos adicionales al año, en concepto de aportes patronales y previsionales que, actualmente, no se pagan sobre la cifra o parte proporcional del sueldo que se paga en tickets.
c El traspaso a planta transitoria del Estado de los beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar, dispuesto este mes por los diputados bederistas, aumentará el gasto salarial en más de 38 millones al año.
c El proyecto que solicita incrementar en 50 por ciento
-con fondos provinciales- el beneficio mensual que cobran los Jefas y Jefes de Hogar, impactaría a un costo superior a los 16 millones al año.
c Incorporar al básico los aumentos salariales otorgados en forma no contributiva a los estatales que les falte diez años o menos para jubilarse, implica un gasto adicional de casi 10 millones de pesos.
c La ley que obliga a la provincia a coparticipar con los municipios 50 por ciento de lo recaudado por ingresos brutos (actualmente coparticipa 20 por ciento) generará un reparto desproporcional, porque todos los servicios públicos esenciales, como salud, educación, asistencia social y seguridad son administrados por la provincia y no por los municipios. Para Hacienda, esa ley le implica al tesoro provincial un costo de casi 20 millones de pesos al año.