Polémica jurídica por la apertura de cajas

Las críticas se dan en un contexto en que el Ejecutivo bonaerense tiene en mente una radicalización de esta modalidad de apertura de cajas, que próximamente afectaría a unos 100 deudores más, sobre un potencial de 700 morosos que son tildados como pasibles de embargos de este tipo, según reconocieron a Ambito Nacional fuentes del gobierno.
La firme avanzada de la Secretaría de Ingresos Públicos dirigida por Santiago Montoya contra los grandes deudores de impuestos provinciales genera constantes diferencias de opinión sobre un delicado tema como es la intromisión del Estado en la propiedad privada.
 Primeros casos
La apertura de cajas ya fue avalada en mayo pasado por el juez de Mercedes Hugo Echarri -sobre cuatro cajas que fueron previamente vaciadas por sus dueños-, pero la misma pretensión de la oficina de Rentas también fue rechazada por el magistrado platense Luis Arias, cuyo fallo fue luego ratificado por la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata.
Ahora fue el juez José Servín, de San Isidro, el que habilitó la apertura de las cajas de un odontólogo, un contador y un bioquímico, proceso que aún no fue hecho efectivo, a la espera del nombramiento del oficial de justicia y el cerrajero pertinentes. Asimismo, los deudores tienen opción legal de ofrecer a la Justicia alguna modalidad de pago que evite el embargo pedido por el Poder Ejecutivo.
El mencionado juez Arias emitió su opinión al respecto, señalando que los embargos «se corresponden con una ideología de los peores tiempos: es lo mismo que porque haya robos mandemos a ejecutar a todos los ladrones».
«Son medidas efectistas para generar pánico en la gente para obligarlos a pagar los impuestos; el objetivo es cobrar, sin que importen los derechos de los deudores. El fin no justifica los medios, esto es propio del derecho: está consagrado en un principio de razonabilidad. La adecuación de los medios a los fines puede lograrse con igual objetivo, que es la preservación del crédito fiscal», advirtió Arias.
Por su parte, en el mismo sentido, el abogado constitucionalista Gregorio Badeni manifestó que la apertura de las cajas de seguridad «es una maniobra intimidatoria», ya que supone un avasallamiento a la vida «privada e íntima de un deudor».
«Esta es una actitud abusiva del derecho, porque una caja puede abrirse por orden del juez para ver si hay valores, pero sólo si no se conocen otros bienes del deudor, porque una caja está equiparada al domicilio de la persona», enfatizó el abogado, que agregó: «Es un exceso: habría que sacar los automotores, rematar el inmobiliario, si no es evidente que se trata de una maniobra intimidatoria. Hay que respetar la privacidad».