Queja bonaerense atizó réplicas en provincias y encendió alerta general

Ambito Nacional

La cartera de Frederic mantiene contacto permanente con gobernadores y monitorea desarrollo de protestas. Apuran bonus y mejoras salariales.

La rebelión de los efectivos de la Policía Bonaerense visibilizó una crisis salarial que también viene asomando en otros distritos quizás menos castigados por la inseguridad, pero donde se encendieron de igual manera las alarmas más sensibles de los gobernadores. Y del Gobierno nacional, que en las últimas horas puso la lupa sobre otras situaciones de queja y malestar de uniformados por temor a un indeseable efecto contagio de norte a sur del país.

“Estamos al tanto de todo lo que está pasando en las provincias. Se está hablando con los gobernadores de manera permanente. El trabajo es conjunto”, dijeron a Ámbito desde despachos cercanos al de la ministra Sabina Frederic.

El último gran aumento salarial que recibieron los uniformados de casi todo el país se otorgó luego de una gran protesta como lo fue la de diciembre de 2013. En aquella oportunidad, con Sergio Berni como secretario de Seguridad del gobierno de Cristina de Kirchner, los gobernadores -empezando por los de Córdoba y Tucumán donde se había originado la revuelta- quedaron atrapados entre la urgencia y la demanda de un sector que puso al filo la estabilidad social, en pleno fin de año. El saldo: cerca de una veintena de muertos, heridos y saqueos en los barrios que quedaron a merced de los delicuentes que aprovecharon el autoamotinamiento policial.

Con ese fantasma acechando en medio de la crisis económica por la pandemia y el golpe de la inflación en los sueldos de todos los asalariados argentinos, los gobernadores tomaron nota rápidamente de los reclamos; algunos, incluso, cerraron acuerdos de mejoras en los últimos días y otros aceleran las negociaciones.

A diferencia de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires donde la incidencia política podría jugar una carta esencial en el conflicto, en el interior las quejas vienen de la mano de una serie de situaciones ligadas al aumento del costo de vida y a las dificultades de los uniformados para acceder en tiempos de pandemia a ingresos adicionales, como por ejemplo los ligados a la custodia de espectáculos deportivos hoy suspendidos por el Covid-19.

Ese combo se iguala en un punto con la demanda bonaerense: la crisis social y económica puso a prueba los liderazgos no sólo dentro de las fuerzas policiales, sino también de los funcionarios del área de Seguridad de todo el país, muchas veces ajenos a la compleja realidad de la vida policial.

Mapa de los conflictos y de los reclamos en cada una de las provincias:

* El catalizador de los reclamos bonaerenses fue la protesta desplegada la semana pasada por los policías misioneros frente a la Jefatura en Posadas, que derivó en un acuerdo sellado en la noche del miércoles con el Gobierno de Oscar Herrera Ahuad.

El entendimiento incluyó un incremento salarial -de mayor impacto en los escalafones más bajos, en ese caso con una suba de más de 16 mil pesos-, la apertura de una mesa de diálogo y el compromiso de que no habrá sanciones judiciales ni administrativas para los uniformados.

* En Córdoba, en tanto, desde filas del Gobierno de Juan Schiaretti aseguraron ayer a Ambito que la Policía trabaja con normalidad y que los aumentos recibidos por la fuerza están “en consonancia” con los percibidos por agentes de otras jurisdicciones. En 2013, durante la gestión de José Manuel de la Sota, el motín cordobés fue el disparador de las protestas policiales en el resto del país.

* En Catamarca, por su parte, un principio de protesta esbozado días de atrás terminó por disolverse, de la mano del otorgamiento al sector de un bono de 9 mil pesos en 3 cuotas (septiembre, octubre y noviembre), a lo que se sumó el recambio del Jefe de Policía -asumió Ángel Agüero, un comisario de carrera- y del ministro de Seguridad (en ese caso por la promoción de Hernán Martel a la Corte provincial).

Bajo ese escenario, en el Gobierno del peronista Raúl Jalil no avizoran por el momento un escenario como el de 2013, durante la gestión de Lucía Corpacci, cuando un violento motín policial derivó incluso en la toma de la Casa de Gobierno.

* En esa línea, en Jujuy el gobierno del radical Gerardo Morales avanza en el pago de cuatro bonos de 5 mil pesos a policías y penitenciarios, por un total de 20 mil pesos y con fondos provinciales. Ya abonó el primero y la semana que viene pagará el siguiente. Ayer el trabajo en la fuerza era normal, según lo asegurado desde filas del oficialismo, aunque circuló una supuesta convocatoria para una concentración hoy en la capital provincial.

* En Chaco, asimismo, el Gobierno de Jorge Capitanich trabaja en una suba salarial para los policías, que sería anunciada hoy, tras el análisis desplegado el domingo junto a su ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Salazar.

* En Santa Cruz, por su parte, la administración de Alicia Kirchner otorgó este año a los policías una suba salarial de 20% (15% en julio y 5% en septiembre), más adicionales, de la mano de la vigencia de una mesa de negociación casi única en el país. Ayer la fuerza trabajaba con normalidad, más allá de un punto de agitación interna a priori muy acotado.

También trabajaban con normalidad las policías de La Pampa (este año ya recibieron de la gestión de Sergio Ziliotto dos aumentos, por un total de 12%) y Entre Ríos (la administración de Gustavo Bordet paga hace seis meses un adicional mensual a los policías involucrados en la pandemia, que son la mayoría, y aceita el diálogo con los uniformados).

* El gobernador de La Rioja, el peronista Ricardo Quintela, anunció ayer un bono de 8 mil pesos para la fuerza de seguridad y 5.000 pesos para el Servicio Penitenciario. El aumento, dijeron a Ámbito desde la provincia, no está directamente relacionado con el efecto contagio de las protestas bonaerenses, si bien hubo anteriormente reclamos de los policías locales.

El beneficio salarial se encadena al que ya había dado Quintela al personal de la salud, y mientras también están en negociación con estatales y docentes. Por su parte la ministra de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Gabriela Asís, expresó que están impulsando un “fortalecimiento institucional tanto para las fuerzas de seguridad como para el servicio penitenciario provincial”.

* En tanto, en Río Negro también hubo réplicas de los berridos policiales. Tras protestas en ciudades como General Roca y Cipolleti, ayer también hubo una manifestación de familiares de uniformados en el Centro Cívico de Bariloche y expresiones de apoyo al reclamo de asociaciones retirados de la fuerza. Ante esa situación, el gobierno de Arabela Carreras conformó una mesa para analizar la situación del sector. El Ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; su par de Economía, Luis Vaisberg; el Jefe de Policía, comisario general Daniel Jara; y la Secretaria de la Función Pública, Liliana Arriaga, se reunieron por videoconferencia.

“Se sigue trabajando en las distintas alternativas para readecuar los salarios de los empleados policiales, al igual que sucede con todos los trabajadores estatales, en el marco de las posibilidades financieras de la provincia en el actual contexto de crisis económica como consecuencia de la pandemia de COVID-19”, mencionó luego un comunicado provincial, bajando el tono al reclamo.

* También Chubut mantiene activas las quejas de los policías en distintas localidades provinciales. El personal retirado reclama por los haberes no percibidos de julio y agosto. Además, invitaron a sumarse al reclamo a los policías en actividad a una protesta que se realizará hoy en Comodoro Rivadavia contra la gestión de Mariano Arcioni. “Aportamos durante 30 años a la Caja y nos dicen que no hay plata para pagarnos. No nos cabe duda que es por la mala administración de nuestros aportes. Pero esto no es todo y te convocamos a vos que sos activo y que pensas que no te va a tocar”, mencionó un comunicado.

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