Principio de acuerdo pondría fin al conflicto petrolero en Santa Cruz

Según confiaron fuentes empresarias, con la negociación -que se prolongó durante gran parte del día- se estableció que en los próximos 5 días las partes estarán arribar a un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto salarial que afecta a las petroleras, Repsol YPF, Vintage Oil y Panamerican.«Si al cabo de ese tiempo no se llegó a un acuerdo, entonces el Ministerio de Trabajo dictará el laudo arbitral», agregaron las mismas fuentes.
Con el acuerdo alcanzado en el Ministerio que conduce Carlos Tomada, los empleados en conflicto se comprometieron a librar los acceseos a esas empresas, evitando de esa manera que sigan registrándose pérdidas millonarias en concepto de regalías, estimadas en $ 1,8 millón por dia.
 Además, también ayer se activaron otros bloqueos a los ingresos de las dependencias que Repsol YPF tiene en Monte Cristo (Córdoba) y en San Lorenzo (Santa Fe).
Por la noche efectivos de la Policía de Córdoba desalojaron a los activistas que bloqueaban la planta de Repsol YPF.
La reunión que se desarrollaba en el Ministerio que encabeza Carlos Tomada, a pesar de no haber culminado en una solución al conflicto había abierto un canal de diálogo que, según fuentes de la cartera laboral, permitía pensar en que se estaba cerca de un acuerdo entre las partes.
Las empresas afectadas indicaron a este diario que si la medida de fuerza se prolonga en el tiempo (ya lleva una semana) se verá afectado el normal suministro de gas y petróleo en el mercado interno ya que no pueden sacar la producción de las plantas. Sin embargo, descartaron que se esté evaluando la posibilidad de frenar la extracción de los pozos, que en muchos casos ya se encuentran al límite de su almacenamiento.
La extorsiva medida de fuerza genera, según estimaciones, pérdidas diarias por alrededor de $ 1,8 millón en concepto de regalías que, obviamente, no serán cobradas ocasionando un perjuicio económico de magnitud para el país.
 Denuncia
Por su parte, Repsol formuló la denuncia de ocupación de las plantas ante la Justicia, y el caso quedó en manos de la jueza Graciela Esther Ruata de Leone y del juez Marcelo Bailaque, quienes aún no han ordenado el desalojo en espera del resultado de la reunión en Trabajo.
Precisamente, la jueza Ruata de Leone es quien días atrás dio la orden para desalojar en Pico Truncado otras plantas que habían sido tomadas por activistas.
Los ocupantes pertenecen al Sindicato de Petroleros Privados y exigen un aumento de salarios de 30 a 40 por ciento. A las plantas tomadas llega el petróleo que extraen estas tres empresas, por lo tanto la zona es considerada estratégica en lo que respecta a la producción de hidrocarburos del país.
En cuanto al conflicto iniciado en las provincias de Córdoba y Santa Fe, se trata de un bloqueo a los ingresos de las distribuidoras que llevan adelante trabajadores de las estaciones de servicio. Los empleados reclaman un aumento de 100 por ciento en sus haberes mínimos, sobre un básico de 640 pesos.
«Las petroleras se rigen por precios internacionales y a pesar del aumento de 135% del valor del crudo que se dio en los últimos años, esa rentabilidad nunca llega a los trabajadores», justificaron fuentes gremiales.