La ciudad de Río Grande se presentó como parte interesada en la causa impulsada por excombatientes contra las empresas petroleras que operan en las Islas Malvinas, anunció este viernes el intendente Martín Pérez.
11 de septiembre 2026 - 13:38
Río Grande se presentó como parte interesada en la demanda contra las petroleras que operan en Malvinas
La denuncia es motorizada por excombatientes y abogados ambientalistas. "Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación ilegal de nuestros recursos en el Atlántico Sur", dijo el intendente Martín Pérez.
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El intendente Martín Pérez, junto a excombatientes de Malvinas.
Se trata de una denuncia motorizada por el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM) junto con la Asociación Civil de Abogados y Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) presentada ante la Justicia federal de ese municipio fueguino, que ya se declaró competente para intervenir.
"A través de la Asesoría Letrada del Municipio, presentamos como parte interesada ante el Juzgado Federal de Río Grande en la causa impulsada por el CECIM La Plata y abogados ambientalistas", dijo el alcalde Pérez.
El funcionario precisó que la Carta Orgánica local, en sus artículos 16, 18, 21 inciso 6, 24 inciso 1 y 61, "nos da un mandato concreto para defender nuestro ambiente, nuestros recursos naturales y nuestra soberanía".
En esa línea, señaló que Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación ilegal de nuestros recursos en el Atlántico Sur.
"Defender Malvinas también es actuar. Y Río Grande va a estar siempre donde tenga que estar para defender los intereses y la soberanía de los argentinos", completó el jefe comunal.
La Justicia federal de Río Grande aceptó la causa
Esta semana, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, declaró la competencia de ese juzgado para intervenir en la demanda presentada contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP) por el proyecto hidrocarburífero denominado Sea Lion, previsto en aguas del Atlántico Sur.
La magistrada hizo suyo el criterio planteado por el Ministerio Público Fiscal y determinó que existe competencia federal “en razón de la materia y del territorio”, además de reconocer la jurisdicción internacional de los tribunales argentinos respecto de las empresas demandadas, que tienen domicilio en el extranjero.
Uno de los puntos centrales del fallo es que la jueza entendió que el caso no se limita a una discusión ambiental o técnica vinculada con la explotación hidrocarburífera, sino que también involucra intereses federales vinculados con el territorio y la soberanía.
En ese sentido, Borruto sostuvo que en la causa “subyace en ella la defensa de la soberanía nacional, bien colectivo indivisible que reviste la calidad de interés federal por antonomasia”.
Para la magistrada, además, se presentan de manera simultánea distintos factores que justifican la intervención de la Justicia Federal: “Concurren así, de modo simultáneo, factores de atribución en razón de la materia, de las personas y del lugar, que configuran un supuesto de competencia federal insustituible”.
En su denuncia, los demandantes apuntan contra Rockhopper Exploration, con sede en Reino Unido, y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP), también constituida en Reino Unido, además de quienes resulten responsables del diseño, construcción, instalación y futura operación de Sea Lion y sus eventuales ampliaciones.
El proyecto se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, sobre un área que Argentina considera parte de su plataforma continental y que se encuentra alcanzada por la disputa de soberanía con el Reino Unido. Navitas reconoce oficialmente esa ubicación y señala que Sea Lion está en las licencias PL032 y PL004b.
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