14 de diciembre 2004 - 00:00

Salarios: temen gobernadores afectar superávit y obras 2005

Desde algunos distritos ya hicieron saber directamente la imposibilidad -por falta de recursos- de activar incrementos análogos al federal. En paralelo, otras provincias estudian si podrán calcar la medida, aunque ya advierten que una nueva suba salarial desataría en 2005 recortes en partidas ya presupuestadas para obras, o pondría en riesgo el superavit primario previsto para ese año.El decreto firmado la semana pasada por Kirchner, que activó el aumento para estatales y privados, tomó por sorpresa a los mandatarios, que no vieron con buenos ojos que se aplicara nuevamente y de manera inconsulta una medida de este tipo. Se trata del cuarto anuncio en lo que va del año, si se suman la suba de $ 150 a estatales que ganan menos de
$ 1.000; el aumento del salario mínimo, vital y móvil a $ 450 y el incremento de 50% de asignaciones familiares.
Con un
escenario de conflictividad social a la vista por la amenaza de nuevos reclamos de estatales provinciales, se tejen por estos días diferentes estrategias en el interior.
Por caso, el gobernador cordobés José Manuel de la Sota ya apuntó a Kirchner, al señalar que para Nación «es más fácil dar un aumento». En concreto, en la provincia mediterránea calculan que el incremento salarial no remunerativo de $ 100 representará para un gasto extra anual de entre $ 140 millones y $ 150 millones.
Una de las salidas que estudia De la Sota es recortar partidas del Presupuesto 2005, afectando principalmente a la obra pública, que se convertiría en la principal variable de ajuste.
Otra posibilidad apuntaría a
recurrir al superávit primario proyectado para el año próximo. En este caso, la suba absorbería alrededor de 75% de los $ 185,6 millones que quedarían como saldo favorable.
En una línea similar, el gobernador de Catamarca,
Eduardo Brizuela del Moral, aseguró que el efecto de la suba de
$ 100 «en las provincias
puede ser peligroso para los programas del año que viene». « Tengo temor de que la política salarial pueda alterar el presupuesto», afirmó. Al decir de mandatario, «es riesgoso activar esos anuncios sin consultar a los gobernadores. Podría haberse hecho una ronda de conversaciones antes, ya que en 2005 hay que pagar intereses de deuda», lamentó.
En paralelo, otros gobernadores adelantan ya que sólo activarán una suba
«si lo permite un aumento de la recaudación». Por caso, fue la postura ayer del ministro de Economía de Corrientes, Enrique Vaz Torres.
También está el caso de distritos como el de Misiones. «No podemos ni empezar a hablar de una suba salarial mientras todavía estamos discutiendo el financiamiento para la deuda pública en 2005», dijo ayer a este diario el ministro de Economía, Daniel Hassan.
En este distrito, en las últimas horas el gobernador
Carlos Rovira puso en vigencia por decreto el Presupuesto 2005 sancionado por la Legislatura, con excepción de los artículos que prevén gastos «con financiamiento inexistente, cuyo cumplimiento obligaría a un nuevo endeudamiento público».
En el caso de Buenos Aires, Felipe Solá decidió incluir en el Presupuesto 2005 una suma adicional de $ 500 millones para activar nuevos aumentos. Según se explicó, con un mínimo de $ 600, más incentivo docente o presentismo, en el caso de estatales, la provincia estaría igualando a Nación, que con la última suba dejó el salario mínimo de bolsillo en $ 700.
Completan el escenario los gobiernos que ya se manifestaron en abierta oposición a imitar el aumento nacional.
Por ejemplo,
Neuquén descartó cualquier posibilidad de adherir al decreto nacional que habilitó la suba. En la provincia conducida por Jorge Sobisch relacionan el incremento de $ 100 con la recomposición salarial de 11% que ya fue otorgada a todos los empleados públicos neuquinos.
El gobernador de Santa Fe,
Jorge Obeid, se había manifestado en forma parecida, al expresar que ya había «cerrado su política salarial hace dos meses», y que «la provincia ya pagó el aumento antes que Nación».

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