20 de abril 2006 - 00:00
Santa Fe: procesaron a tres ex funcionarios por inundación
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De este modo, el juez de Instrucción de la 8a Nominación de los tribunales de la ciudad de Santa Fe, Jorge Patrizi, decidió procesar al ex intendente de Santa Fe, Marcelo Alvarez, al ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti, y al ex ministro de Obras Públicas provincial, Edgardo Berli, por el delito de estrago culposo, agravado por la muerte de 18 personas.
Patrizi dispuso la libertad provisional bajo juramento de los tres ex funcionarios, así como el trabado de embargo sobre sus bienes por un monto de $ 50 mil.
Asimismo, el juez dictaminó que «no existen elementos de convicción suficientes para dictar autos de procesamiento ni así tampoco sobreseer» al ex secretario de Obras Públicas Carlos Gómez Galissier, el ex titular de Vialidad, José Dambrosio, el ex director de Defensa Civil, Carlos Filomena, el ex funcionario municipal, Juan José Maspons, el ex secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Santa Fe, Juan Carlos Cafaratti, el ex subsecretario de Obras Públicas, Jorge Bounus, y el ex director de Hidráulica, Alejandro Alvarez Oporto.
A su vez, en su dictamen, el magistrado decidió «disponer que en el estado actual del proceso no existen elementos suficientes como para sospechar que Carlos Reutemann haya participado» en los hechos investigados.
En el extenso fallo emitido ayer, Patrizi indica que Reutemann -como todos los funcionarios de gobierno- «debía tener un conocimiento especial para poder apreciar que esa magnitud de agua que había precipitado en la provincia implicaría un riesgo a la ciudad de Santa Fe y disponer las medidas adecuadas para evitar o por lo menos mitigar la entrada de agua en la ciudad». Y aclara que «este conocimiento podría haber sido suplido por la información necesaria que Berli y Fratti pudieran haberle brindado, como se lo hizo con el intendente, pero en los primeros momentos, en donde la realización de obras podría haber minimizado la situación, los funcionarios aludidos no advirtieron la realidad de la situación, a pesar de poderlo hacer, por lo que tampoco podrían haber informado fehacientemente al gobernador acerca de ello».




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