Se profundizó conflicto entre gobierno y la Corte

La Legislatura también asestó su golpe al Poder Judicial, dando media sanción en Diputados a una ley que impide a los magistrados locales pedir aumentos de sueldos si sus haberes se devalúan por la inflación. En una carta dirigida al presidente del máximo tribunal, Pedro Llorente, Iglesias respondió a la misiva que este martes le había enviado la Corte pidiendo, tanto al gobierno como a la Legislatura, la suspensión por seis meses de todo intento de modificar el sistema judicial.
 Argumento
La Corte argumentó entonces ser víctima de una campaña de desprestigio y acusó al Ejecutivo de perseguir intereses electorales en el pedido a los legisladores para que voten la autarquía para el Poder Judicial y la reforma de la Constitución provincial.
Rechazando estos planteos, en su escrito -hecho público en la noche del miércoles-, el gobernador no sólo no aceptó la tregua, sino que, además acusó a la Corte de denegación de justicia en perjuicio del gobierno y pidió a los magistrados que acepten las demandas de cambio de la sociedad. «La opinión pública y vuestras señorías deben conocer que ninguno de estos cambios propuestos es nuevo ni responde a una coyuntura política», señaló.
En forma paralela, con el voto de la mayoría, la Cámara baja dio media sanción a la eliminación del decreto que autorizó la primera suba de salarios por inflación a los jueces durante 1986 y que funciona de coartada para el pedido de aumento de los magistrados, en tanto que dictaminó que éstos no tienen derecho a reclamar indexación salarial porque lo impide la parcialmente vigente Ley de Convertibilidad, de 1991.
 Origen
El conflicto entre ambos poderes se inició cuando Iglesias dispuso un recorte salarial de 7,5% para todos los estatales y convidó a que la medida sea imitada por los magistrados, cosa que no sucedió y, en cambio, significó el inicio de los tironeos, que incluyeron tres embargos a las cuentas del Estado para reponer descuentos a empleados judiciales.
Otro capítulo del enfrentamiento se dio cuando, semanas atrás, 24 jueces solicitaron un reajuste salarial de 40% basándose en el decreto de 1986 que ahora estaría a punto de desaparecer. El temor del Ejecutivo es que,en caso de que el reclamo se haga efectivo para todo el sector judicial, se estaría hablando de unos $ 125 millones.
Fue a partir de este reclamo de los 24 jueces que Iglesias remitió a la Legislatura el proyecto para eliminar el polémico decreto de 1986, junto con otro encaminado a implementar la autarquía del Poder Judicial en el manejo de su recaudación y presupuesto. Esta iniciativa de autarquía fue la que preocupó a los jueces y motivó el pedido de tregua que finalmente fue rechazado por el gobernador.