Daniel Scioli y Ricardo Casal consensuaron los alcances de las reformas en materia de seguridad.
Buenos Aires - En medio de una intensificación de la ola de delitos violentos -en especial el brutal asalto sufrido por Carolina Píparo-, el Senado provincial comenzará a analizar esta semana el paquete de leyes que envió Daniel Scioli referido a la seguridad. El plan incluye el otorgamiento de validez probatoria a los videos de monitoreos y la grabación de llamadas al 911.
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En este contexto, y mientras surgen reclamos también desde la cúpula de la Iglesia como lo fue el del cardenal Bergoglio en San Cayetano, el jueves se reunirá el Consejo de Seguridad que integran funcionarios, intendentes y legisladores de los distintos bloques, con el objeto de definir una política de Estado para el área de Seguridad. Como anticipo de lo que será el debate, sectores como la UCR, Unión-PRO y el GEN, si bien anunciaron que acudirán a la cita, advierten que pretenden discutir «medidas concretas y políticas de Estado». «Es bueno que se nos convoque, pero que sea para ponerse seriamente a trabajar y tratar de dar respuestas» ante la inseguridad, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Jorge DOnofrio (Unión-PRO).
Por su parte, el presidente del bloque de senadores del GEN, Luis Malagamba, criticó la convocatoria y lamentó que la misma se dé para «discutir políticas coyunturales». «Habría que decidir las leyes sobre los fueros penales juveniles y de protección integral a la niñez porque sobre eso hay que trabajar mucho», destacó.
El paquete de leyes que envió Scioli el viernes fueron presentadas por el jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Pérez, y el titular de la cartera de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, al vicepresidente primero del Senado, Federico Scarabino.
El paquete incluye también la subasta judicial electrónica que permitirá el pago de señas y comisiones mediante transferencias bancarias, a fin de evitar el traslado personal del dinero.
Además se contempla la creación de 156 cargos de jueces, fiscales y defensores para las cabeceras departamentales y de la Justicia descentralizada.
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