Organismos de derechos humanos del NOA solicitaron al Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán que se fije cuanto antes la audiencia preliminar y se inicie el juicio oral en la causa Ingenio La Fronterita, que se tramita hace más de una década, por delitos de lesa humanidad, ocurridos durante el Operativo Independencia y la última dictadura cívico militar. En la presentación a los jueces, se señaló el riesgo de la denominada "impunidad biológica" debido a que los dos acusados tienen más de 84 años, mientras que las víctimas tienen más de 70. "Tanta espera puede desembocar también en causal de responsabilidad internacional hacia el Estado Argentino por la demora injustificada y la falta de acceso a la justicia que las víctimas están recibiendo", señaló la presentación.
Tucumán: piden elevar a juicio una causa por delitos de lesa humanidad por riesgo de "impunidad biológica"
Se trata de la causa Ingenio Fronterita. Se indicó que los dos principales acusados tienen más de 84 años. Al menos 82 trabajadores de la planta y sus alrededores fueron secuestrados entre 1975 y 1978. De ellos, 67 fueron liberados, dos fueron asesinados y 13 están desaparecidos.
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El Ingenio Fronterita está activo y es ahora propiedad de ARCA Continental y Salta Refrescos, subsidiarias de la Multinacional Coca-Cola en Argentina.
El documento fue elevado esta semana al TOF, que está integrado por los jueces subrogantes Abelardo Basbus y Ana Carina Farías (de Santiago del Estero) y Cristina Edith Giordano (Córdoba), ante la demora en la sustanciación de concursos para designar a magistrados definitivos para el tribunal. La nota hace hincapié en que se entienden los problemas que devienen de la vacancia total de magistrados pero se señaló que "la justicia no puede seguir retardando el avance de la causa, que está en situación de demora por más de cuatro años, que es el tiempo que lleva el expediente en condiciones de fijar audiencia preliminar y fecha de inicio de debate". La presentación lleva las firmas de referentes de Asociación de exPresos Políticos de Tucumán, HIJOS. Tucumán, la Fundación Memorias e Identidad, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Tucumán, la Agrupación de Ex-Presos políticos Héroes de Trelew, la Comisión de DDHH de Tafí Viejo y la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Tucumán, entre otras organizaciones del NOA.
Desde lo legal, la causa es acompañada por la Asociación de Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), que articula acciones con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). "Existe el riesgo real de impunidad biológica por el paso del tiempo", sostuvo Rodrigo Scrocci, miembro de la ONG, que representa a la familia de Fidel Jacobo Ortiz, un trabajador del ingenio que fue secretario general del sindicato del ingenio azucarero La Fronterita y se encuentra desaparecido desde 1976. "Nos preocupa la impunidad biológica, pero no sólo en el sentido clásico, es decir, que los acusados mueran sin haber sido juzgados ni condenados, sino también por las consecuencias que esto tiene en las víctimas", manifestó Scrocchi a Ámbito.
Los dos acusados, Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori, tienen más de 84 años, mientras que las víctimas tienen más de 70. Ambos eran miembros del directorio de La Fronterita en ese momento y Figueroa Minetti también era gerente de la empresa. Hubo un tercer acusado que murió en esta etapa de definiciones. El abogado de ANDHES recordó el caso de Carlos Pedro Blaquier, propietario del ingenio azucarero Ledesma, en Jujuy. La empresa también fue acusada por complicidad en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Tras la acusación de Blaquier en 2012, su defensa interpuso múltiples recursos para retrasar el proceso. El empresario nunca fue juzgado y falleció en 2023.
El caso
En abril, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó los cargos contra los ejecutivos, decididos por un tribunal inferior en 2021, y rechazó la solicitud de las defensas de desestimarlos. La decisión allanó el camino para que TOF procediera con el juicio, casi una década después del inicio de la investigación y el proceso. "Nos moviliza y conmueve el sentimiento de necesidad de justicia, por eso, mediante la presente nota queremos solicitar a ustedes, señores jueces, la celeridad necesaria para que el juicio pueda realizarse con la mayor rapidez posible, fijando fecha de audiencia preliminar en la brevedad posible", reza el pedido de los organismos.
Antes de concluir, se destacó que "numerosas víctimas de este proceso esperan justicia desde hace más de 50 años, habiendo hecho denuncias ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), mientras que otros recién pudieron romper el silencio a partir del avance de las causas por delitos de lesa humanidad en nuestro país, desde el año 2003 en adelante".
La investigación sobre los empresarios se basa en que los militares establecieron una base en el ingenio azucarero La Fronterita, en febrero de 1975, tras el lanzamiento del Operativo Independencia. La planta, ubicada en Famaillá, municipio ubicado 41 kilómetros al sur de la capital tucumana, fue uno de los varios ingenios azucareros utilizados por los militares como centros clandestinos y que estuvieron operativos durante gran parte de la dictadura cívico militar, hasta 1983. Figueroa Minetti y Butori están acusados de facilitar y participar en crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de ingenios azucareros y residentes de zonas cercanas.
Según la documentación consultada por este medio, se les imputan cargos de allanamiento de morada, privación ilegal de la libertad con coacción y acoso, tortura, agresión sexual agravada y asesinato. Las víctimas fueron secuestradas de viviendas que eran propiedad de la empresa José Minetti & Cía, dueña de La Fronterita, y llevadas a un centro clandestino de detención que los militares habían instalado adentro del propio ingenio azucarero. El centro, ubicado a pocos metros de la casa del administrador y del ingenio, albergaba a personas perseguidas por su activismo político, sindical o social.
En su fallo de 2021, la Cámara Federal de Tucumán declaró que los acusados "facilitaron instalaciones para el funcionamiento del centro clandestino de detención, vehículos para los secuestros y entregaron información clasificada a los militares para que pudieran llevar a cabo la represión clandestina, especialmente contra el personal sindical". Se añadió que los delitos militares "no podrían haberse cometido" sin la asistencia de los directivos de la empresa. Al menos 82 trabajadores del ingenio y sus alrededores fueron secuestrados entre finales de 1975 y 1978. De ellos, 67 fueron liberados, dos fueron asesinados y 13 permanecen desaparecidos.
El camino judicial
En junio, ANDHES solicitó al TOF que proceda sin más demora y convoque a la audiencia preliminar pero no hubo ninguna decisión. La ONG basó su requerimiento en las directrices que la Cámara Federal de Casación Penal impartió a los tribunales inferiores en 2022, sobre la urgencia de los procedimientos que juzgan delitos de terrorismo de Estado. Estas instrucciones, en acordada, exigen que los juicios se celebren con celeridad y sin demoras. Entre otras cuestiones, la directiva establece que se prioricen las audiencias de estos juicios y se eviten las demoras en la sentencia. Según fuentes judiciales, 2025 es hasta aquí, el primer año de los últimos 15, con excepción de la pandemia, en el que no está previsto que se realicen juicios por crímenes de la dictadura en Tucumán.
El negocio
La planta del ingenio Fronterita fue vendida por los Minetti a ARCA Continental y Salta Refrescos, subsidiarias de la Multinacional Coca-Cola en Argentina. En el proceso de quiebra, los Minetti intentaron vender cientos de hectáreas de plantaciones de caña pero la Justicia bloqueó la operación por tratarse de terrenos sujetos a investigación, que contribuirían a la continuidad de las investigaciones. Adentro de la planta hay instalaciones que tampoco pueden intervenirse por las mismas razones.
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