Ya tiene problemas Zamora: incidentes con cesanteados

El origen del conflicto se da en torno a unos 1.749 contratos -en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial- firmados durante la gestión del ex interventor federal Pablo Lanusse, los cuales no fueron ratificados por Zamora y caducaron junto con la intervención, el pasado miércoles. Quedaron exceptuados, y por lo tanto ratificados en sus cargos, aquellos designados en puestos de docentes y agentes de las fuerzas de seguridad, concretados a través de concursos.
Para dejar sin efecto los contratos, Zamora apeló al artículo 14 de la Constitución provincial, en la que se establece que «los magistrados, funcionarios y empleados designados por la intervención federal cesan automáticamente al asumir las autoridades electas, salvo confirmación o nuevos nombramientos de éstas».
 Reforma
En torno a la cuestionada Carta Magna santiagueña, Zamora presentó ayer ante la Legislatura su proyecto de reforma, que incluye, entre otros puntos, la reducción del número de diputados, la elección para jefes comunales, la creación de un organismo de auditoría general y la prohibición de la ley de lemas.
Por su parte, la Cámara de Diputados santiagueña dio ayer acuerdo a los nuevos integrantes del Superior Tribunal de Justicia, designados la semana pasada por decreto de Zamora.
El máximo tribunal provincial quedó integrado por el ex diputado nacional radical Armando Suárez, Sebastián Argibay, Pedro Rímini Olmedo, Eduardo Llugdar y Raúl Juárez Carol, sobrino del ex cinco veces gobernador y caudillo peronista Carlos Juárez; en tanto, Luis de la Rúa se desempeñará como fiscal.