2 de agosto 2022 - 00:00

ARA San Juan: Agüero Iturbe pidió anular el sobreseimiento a Macri

Fiscal de Cámara apeló fallo: consideró que Casación debe ordenar que se lo siga investigando por la “gravedad institucional” de la denuncia. Desbarató principales argumentos.

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El fiscal general ante la Cámara Federal porteña reclamó que se anule el fallo que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri y a otros funcionarios de su gobierno en la causa por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan y calificó esa resolución como “arbitraria”.

El fiscal José Luis Agüero Iturbe presentó una apelación de 40 páginas en la que ponderó la “trascendencia institucional” de lo investigado y en la que resaltó que la causa “no puede ser cerrada caprichosamente”.

“Contrariamente a lo señalado por los señores Jueces en la recurrida, y como lo he sostenido en reiteradas oportunidades ante una denuncia de trascendencia institucional, que revista mínimamente seriedad y verosimilitud, los jueces no pueden arbitrariamente cerrarla”, expuso Agüero Iturbe en su presentación. Para el fiscal, la Cámara Federal de Casación Penal debe anular el fallo dictado por el tribunal de apelaciones y Macri -que había sido procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava- debe ser vuelto a indagar en Comodoro Py dado que, a su criterio, el procesamiento excedía aquello que se le había imputado.

El fiscal Agüero Iturbe fue crítico de lo resuelto por los jueces de la Cámara Federal, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes achacó no haber analizado debidamente el avasallamiento del derechos de las víctimas de las supuestas maniobras de espionaje ilegal.

Esos camaristas sostuvieron en su fallo del pasado 15 de julio que las maniobras investigadas como espionaje ilegal eran, en realidad, tareas de inteligencia habilitadas en el afán de garantizar la seguridad de Macri.

“Los señores magistrados corren el eje de la discusión y de la investigación”, sostuvo el fiscal y remarcó que, de esa manera, omitieron “considerar que ciudadanos comunes y corrientes (...) no constituían en modo alguno un conjunto operativo terrorista, un grupo de ciberdelincuentes, entre otras denominaciones que pretendan esgrimirse”, sostuvo el fiscal.

Remarcó que, por el contrario, “se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos”. “Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”, enfatizó.

Y en ese sentido, agregó: “Repugna al sentido más básico de justicia que se considere que ´los informes que conforman los hechos de reproche, se evidencian claramente como actividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales entre las que se encuentra la figura presidencial y/o la seguridad interior”.

“Ello, frente a cualquier riesgo, como por ejemplo la supervisión de movilizaciones que podían circundar las visitas presidenciales y/o los acercamientos a su figura y/o a su residencia´”, remarcó el fiscal Agüero Iturbe, citando el fallo de la Cámara Federal porteña.

El representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que “en ningún momento” las víctimas hicieron referencia alguna “ni si quiera de modo potencial acción alguna o exteriorización de pensamiento que ponga en peligro la seguridad del máximo mandatario de la república”.

“A no ser que la intención de acercarle una carta a quien nos gobierna a todos los argentinos sea considerada un atentado magnicida, consideración -creo y espero- que ninguno estamos dispuesto a sostener”, ironizó.

Al inicio del dictamen de 40 páginas, el fiscal sostuvo que desde hace tiempo sostiene “invariablemente que una denuncia que acredite los mínimos márgenes de seriedad y verosimilitud no puede ser cerrada caprichosamente”.

“No puedo hoy borrar con el codo lo que escribí con la mano. Una denuncia como esta debe ser investigada, respetándose todas las garantías constitucionales que amparan tanto a las víctimas como a los presuntos imputados y por eso, dictaminé como lo hice en anterior oportunidad, no obstante, las denuncias de esta gravedad institucional deben ser investigadas no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio”, aseveró.

La presentación del fiscal se produjo casi en simultaneo con la primera de las apelaciones presentada por las querellas, la del abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos en el hundimiento del San Juan, quien además denunció ante el Consejo de la Magistratura a los jueces que sobreseyeron a Macri.

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