Agricultores chilenos protestan por entrada de harina argentina

Los agricultores del sur de Chile anunciaron movilizaciones tras el acuerdo con las autoridades argentinas que permitirá el ingreso al país de 10 mil toneladas de harina anuales sin que tengan que pagar el sobreprecio de 17% que les impone la actual salvaguardia.

El director de relaciones económicas internacionales de la cancillería chilena, Carlos Furche, explicó que el gobierno buscó el acuerdo porque así se evita que Argentina pida un "panel por cumplimiento" ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esto hubiese generado, según las autoridades, incertidumbre para los trigueros respecto de si se mantendría la banda de precios que protege al trigo y la harina. Esa banda se acaba en 2014.

Para concretar el pacto, el gobierno solicitó a la Comisión de Distorsiones que prorrogue por un año la salvaguardia decretada contra Argentina en diciembre de 2004, pero eximiendo del cobro a unas 10 mil toneladas. La comisión ya habría acogido a trámite la petición.

Aunque se trata de un organismo técnico autónomo, cinco de sus ocho miembros son de gobierno. Buenos Aires exigía el ingreso de 90 mil toneladas, pero finalmente aceptó las 10 mil.

El opositor senador derechista Alberto Espinza consideró "inaceptable que el gobierno ceda a esta presión y negocie con Argentina".

El Consorcio Agrícola del Sur y la Asociación de Molineros del Centro calificaron de poco transparente la negociación. "Ha habido una negociación por parte del gobierno que no ha sido lo suficientemente transparente", comentó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Luis Schmidt.

Pero Sergio Ossa, gerente general de los molineros, alegó que las 10 mil toneladas -menos del 1% de la producción chilena de 1,2 millones- pueden producir daño. "Cuando tienes un vaso lleno de agua, una gota te lo rebasa. El 1% nos va a generar un problema con los precios", expresó.

Anunció que apelarán al dictamen que haga la Comisión de Distorsiones; si eso no tiene éxito, evalúan interponer un recurso de protección contra la medida.

Los productores reclaman que, cuando se aprobó la nueva Ley de Bandas, en 2003, el gobierno aseguró que esa norma no tendría problemas con el reglamento de la OMC.

"Si ahora el gobierno me dice que (esa ley) no era la solución final, quiere decir que los negociadores en este país son unos imbéciles", acusó Manuel Riesco, presidente del Consorcio Agrícola del Sur.

Anunció que "vamos a recorrer el país entero, plaza por plaza, ciudad por ciudad, radio por radio, dando a conocer la trampa y el engaño que está haciendo el gobierno". A eso seguirían movilizaciones, añadió.