La visión «progresista» del presente y de muchos años previos está sustentada en una actitud de animadversión hacia la cultura del campo, sobre la base de prejuicios ligados a un pasado muchas veces tergiversado. El pensamiento de buena parte de la comunidad científica y de la clase política se ha basado en la convicción de que la política económica fue hasta comienzos de la década de 1940 más bien hostil al desarrollo de la manufactura. Sin embargo, como lo demuestra uno de los más preclaros estudiosos de la historia, Carlos F. Díaz Alejandro, la política económica durante el llamado modelo agroexportador fue claramente proclive a la protección de la industria local. No en balde señala: «En comparación con otros países, la política comercial de 1906-40 no se puede calificar de librecambista. Los estudios arancelarios de la Liga de las Naciones llegaron a la conclusión de que el arancel medio argentino de 1925 sobre un grupo representativo de mercancías manufacturadas era inferior al de Estados Unidos, pero superaba, entre otros, a los de Canadá, Francia, Alemania e Italia, y estaba casi al mismo nivel que el de Australia».
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Respecto del declamado período de «entrega a los intereses internacionales», Díaz Alejandro escribe: «Cuando en la década de 1930 se empezaron a utilizar los tipos de cambio múltiples, los tipos de importación eran más altos que los de exportación, otorgando así (junto con los derechos de importación más elevados) un poderoso estímulo a la industrialización del país».
Como se sabe, la Argentina a lo largo de su historia ha mantenido una tendencia a transitar tiempos de euforia, con una tasa de consumo interno por encima de sus posibilidades, financiamiento mediante. Esta actitud dilapidadora deriva de la convicción de que la actividad agropecuaria puede aportar los recursos necesarios para cubrir los frecuentes desvíos de un Estado compulsivo al gasto ineficiente que en gran parte se destina a fomentos industriales.
Si bien resulta válida la necesidad de una nación industrializada, lo que no resulta lógico es contraponer una visión a la otra. Muchos políticos e incluso economistas no terminan de comprender el fenómeno del eslabonamiento. Y así, plantean la cuestión como una opción entre sectores. No entienden que campo y urbe son aspectos geográficos y que agro e industria son fenómenos complementarios que hacen a una suerte de unidad cada vez más difícil de entender como cuestiones fragmentadas.
Las ideas provenientes de la estrategia de sustitución de importaciones todavía subyacen en buena parte de la dirección política y en una considerable porción del empresariado que pretende ampararse en ella para mantener viejos privilegios. Si se entendiera en su total dimensión lo que es la cadena de valor de la agroindustria, se comprendería cuán falaz resulta tal estrategia.
De esta visión deriva, en buena medida, el hecho de que muy pocos productos estén exentos de los derechos de exportación. El sector rural y agroindustrial, particularmente afectado por los derechos de exportación, atendió las razones fiscales y de precios de los alimentos a partir de la megadevaluación ocurrida a principios de 2002. Pero con el tiempo quedaron como algo permanente. La implementación de estos derechos responde a una política de ingresos que se corresponde con una economía estática y no dinámica, como la que aplican las naciones exitosas. Y es producto de un Estado nacional que entrega mayores ingresos al Poder Ejecutivo mediante la asignación de recursos provenientes de las exportaciones.
Inmerso el país en negociaciones comerciales mundiales, el mantenimiento de las retenciones lo ubica en una postura contradictoria; y así queda debilitada la posición argentina, que reclama la eliminación de los subsidios agrícolas. Tales derechos son justificados con el argumento de que, de no aplicarse, cuando el precio que recibe el productor mejora por una alteración en el tipo de cambio, como es el caso de la devaluación de 2002, aumentaría el precio de los alimentos y, consecuentemente, quedaría afectado el poder de compra de la gente.
Pero, por otra parte, la Argentina eleva su voz en contra de los subsidios a la producción agrícola por algunos países. Si reclama, ciertamente con justicia, su rápida supresión y, simultáneamente, grava las exportaciones agrícolas con derechos, el Estado argentino muestra dos caras. Así, nuestro país se convierte en un hipócrita internacional.
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