La declaración de la emergencia económica para la pesca en el ámbito nacional, provincial y municipal fue reclamada por diferentes entidades del sector.
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Las cámaras e instituciones empresariales, entre las que se encuentran CAPA, CAPIP, CAPeCA, CaLaPa y CEPA, le presentaron una propuesta al secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Marcelo Regúnaga, y al subsecretario de Pesca, Juan Ignacio Melgarejo, enmarcada en el Plan de Mejoramiento de la Competitividad de la Industria. «Al igual que distintos sectores de la economía nacional, la industria pesquera recibió en los últimos años sólo políticas de desaliento», indicaron los principales dirigentes del sector en un comunicado.
En el documento presentado a las autoridades nacionales, las entidades reclamaron «aplicar en un plazo perentorio la Ley Federal de Pesca en toda su extensión, incluyendo la cuotificación de especies legislada en su artículo 27º y lo normado en los artículos 37º y 38º en lo relativo a la concesión de excedentes de captura a buques de bandera extranjera».
Asimismo, solicitaron «derogar el artículo 9º de la Resolución MEYOSP 967/99, que dice que a partir de abril de 2000 la Dirección General de Aduanas procederá a liquidar y pagar los reintegros asignados a las posiciones arancelarias del Capítulo 3 y del Capítulo 16 (partidas 16.04 y 16.05) de la Nomenclatura Común del Mercosur, únicamente cuando se trate de productos del mar procesados por establecimientos industriales de procesadores de pescado en tierra».
Impuestos
Los empresarios pidieron «exceptuar a las empresas pesqueras, armadoras, productoras y comercializadoras de productos de la pesca del artículo 5º de la Ley 25.063, referido a Impuestos sobre los Intereses Pagados y el Costo Financiero del Endeudamiento Empresario, a partir de la fecha de vigencia del Impuesto». En este contexto, propusieron «instrumentar la devolución del IVA a los exportadores pesqueros sin condicionar esto a otras causales no previstas en el régimen legal».
Entre otros, los dirigentes hicieron hincapié en la «revisión de la política de aranceles a la importación de semiconservas, conservas y otros productos pesqueros que provienen de países que no cumplen ley laboral alguna y subsidian a su exportación provocando 'dum-ping' en el ingreso de sus productos a nuestro país».
«Si no se toman medidas en el corto plazo, va a ser muy difícil que las empresas pesqueras nacionales puedan continuar trabajando y aportando a la economía nacional», concluyeron las entidades.
