Política

Canicoba "de menor a mayor" en investigación por devaluación post-PASO

Decisión de activar causa genera encerrona sobre Sandleris y exministro Dujovne. Solicitará más pruebas a futuro como comunicaciones entre funcionarios. Itinerarios y detalles de acuerdo con el FMI. Declarará Redrado. Se investiga decisión intencional para que BCRA no intervenga el 12-8.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral comenzó a activar la causa judicial que se inició a partir de la devaluación ocurrida tras el resultado electoral de las PASO y aspira a ir de menor a mayor en la solicitud de pruebas “por goteo” para ir descartando (o confirmando) la hipótesis de una decisión oficial y explícita para que se produzca la devaluación. A partir del dictamen de la fiscalía, pidió ayer al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Ministerio de Hacienda “las agendas oficiales y el registro de viajes” del presidente de la entidad crediticia Guido Sandleris y del extitular de la cartera económica Nicolás Dujovne. Pero también solicitó el itinerario de los funcionarios que participaron de reuniones relacionadas con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La activación de una causa –con ribetes de decisión de política económica- puede tener un efecto difuso en materia probatoria a nivel judicial, pero logra un efecto político que hoy esmerila a quienes están en funciones.

El magistrado ordenó una batería de medidas en la causa en la que se investiga si el presidente Mauricio Macri propició que la cotización del dólar se dispare con la consecuente devaluación después de las PASO. Las medidas también apuntan a investigar los acuerdos suscriptos entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, por lo que pidió al organismo y al Ministerio de Hacienda la copia de los mismos desde 2018 y que se informe sobre reuniones entre el personal del Fondo y funcionarios del gobierno de Macri. Este segundo eje se superpone con la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que informó Ámbito Financiero respecto a ordenar al Ejecutivo a revelar todos los términos del stand by y de las eventuales prórrogas de jurisdicción ante un pedido de acceso a la información. Ese movimiento judicial encendió las alarmas en la Casa Rosada.

En tanto, el jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña deberá remitir los registros de ingresos y salidas de la Casa Rosada y del BCRA correspondientes al lunes 12 de agosto, el día siguiente de las elecciones primarias, según la resolución del juez. Sandleris deberá remitir el detalle de cada una de las operaciones efectuadas en el mercado mayorista de cambios el 12 de agosto. El juez pidió un listado de las operaciones del marcado mayorista de cambio realizadas desde el 10 de septiembre de 2018, es decir con un año de background. Hacienda está llamada a explicar qué incidencia tuvieron los acuerdos en la política de control de cambios, y las medidas acordadas con el Fondo Monetario.

Las medidas habían sido solicitadas por la fiscal Paloma Ochoa, tras analizar que de diversas fuentes públicas se desprende que las modificaciones al esquema cambiario del país a partir de 2018 se habrían efectuado en diálogo y consenso con el FMI. Para el denunciante del caso, Fernando Miguez, la política económica depende de la organización internacional.

Otras de las medidas que ordenó Canicoba Corral, de acuerdo con el pedido de Ochoa, fue requerir a la Comisión Nacional de Valores que informe si se han presentado alertas, si se abrieron sumarios, o aplicado sanciones, con motivo del comportamiento de operadores bursátiles y operaciones realizadas entre los días 8 y 13 de agosto pasado, luego de que se difundiera una encuesta reservada donde Juntos por el Cambio aparecía superando a Alberto Fernández por dos puntos.

Paralelamente, el juez pidió los audios de la entrevista y copia de notas periodísticas que reflejaron los dichos del economista y expresidente del Central Martín Redrado el 16 de agosto. Luego se lo citaría a declarar como testigo. “El Presidente dijo que el dólar se vaya a dónde se tenga que ir y que los argentinos aprendan a votar. El BCRA estuvo mirando desde la tribuna lo que pasaba en el mercado en lugar de estar interviniendo. Mis colegas recibieron la instrucción de que se corrieran del mercado”, dijo el economista. La Carta Orgánica del BCRA prohíbe recibir y ejecutar una instrucción semejante que impida defender el valor de la moneda. En 2014, la Procelac había iniciado una denuncia e investigación por presuntos movimientos especulativos en la devaluación de 2013. Bancos y una petrolera habían quedado en la mira pero al obtener las cintas de la operatoria de la mesa de dinero del BCRA no se detectó que hubiese habido operación irregular alguna.

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