Política

"Crack del 12-A": la clave detrás del caso que apunta a investigar al Gobierno

Expediente de Canicoba Corral, punta de iceberg de investigación que podría judicializar política económica con efectos adversos. Interés de operadores judiciales y medidas por "goteo" de la Justicia. Consultas cruzadas por "background doctrinario".

Si el inicio de una causa judicial en Comodoro Py que investigará la devaluación ocurrida al día siguiente de las PASO debió haber encendido las alarmas en el Poder Ejecutivo, mucho más debió hacerlo el súbito interés que despertó entre operadores judiciales el expediente a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral. No es sólo el análisis en tribunales de una decisión de política económica con impacto social por las consecuencias de la depreciación que sufrió el peso el 12 de agosto, sino la posible comisión de delitos en el marco de una acción deliberada de gestión. Hacia allí apunta la causa que descansará en la “muñeca” de Canicoba, la peor noticia para Cambiemos que intentó esmerilarlo en su cargo de manera indirecta durante tres años. Por eso las miradas se dirigen hacia los próximos pasos que adoptará el juez (más allá de las cartas que ya mostró) y a una discusión doctrinaria que se abrió en el mundo subterráneo respecto de la situación de “emergencia” que atraviesa el país y a las decisiones emanadas del Ejecutivo en materia económica. Todo ese combo jurídico emergió luego de los efectos de la crisis de 2001, por las que ninguna causa judicial que cuestionó aspectos relativos a las consecuencias de la política económica obtuvo eco favorable en tribunales.

Canicoba Corral empezó a indagar en las agendas de los funcionarios, paso previo a confirmar si existieron reuniones en la vertiginosa mañana pos-PASO entre integrantes del Gabinete -incluso el presidente Mauricio Macri- y las autoridades del BCRA, especialmente Guido Sandleris. La regla lógica que se busca aplicar es que -de haber existido- una instrucción para que el BCRA no intervenga en el mercado de cambios para dejar correr el valor de la divisa, no pudo haber sido verbal, ni evitar estar precedida de un informe oficial de situación respecto al panorama general. Sobre este eje se especula en tribunales para avanzar en los siguientes pasos para rastrear el periplo de los funcionarios. ¿Qué pasaría si se confirmara el ingreso y egreso de funcionarios a despachos clave durante aquella mañana? Es la hipótesis de máxima, junto con el detalle de operaciones en el mercado mayorista y antecedentes de volúmenes con un año de antelación.

La otra hipótesis judicial es que el Gobierno tuvo que haber validado la decisión de permitir el salto de la cotización con las autoridades del FMI, a cuyo programa está sujeta la Argentina. La otra cara de la investigación que encabeza Canicoba Corral por impulso de la fiscal Paloma Ochoa radica en lo ocurrido el viernes anterior a la elección cuando la difusión de una encuesta de la consultora Elypsis generó una euforia en la Bolsa que registró una suba del 7% en un solo día. El oficio dirigido a Marcos Ayerra -titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV)- apunta a determinar con grado de certeza si el organismo regulador del mercado de valores generó algún reporte, alarma o sumario administrativo por posibles sanciones al comportamiento registrado de los operadores bursátiles entre el 8 y el 13 de agosto. Es decir, desde el viernes hasta el martes siguiente a las elecciones, cuando se completaron dos jornadas “negras” para los títulos locales que hundieron a valores negativos históricos. El seguimiento de la actividad de compradores y vendedores y si hubo beneficiarios con la filtración de esos sondeos que indujeron al error a los mercados es otra de las aristas del expediente.

El primer llamado de atención para el Gobierno debió haber sido la acogida favorable que tuvo la denuncia formulada por el habitual denunciador de funcionarios de distinto pelaje, Daniel Míguez, titular de la enigmática Fundación por la Paz y el Cambio Climático. Sólo acompañó la presentación de las declaraciones del extitular del BCRA Martín Redrado que adjudicó públicamente la intencionalidad de Macri para dejar subir el dólar. Un segundo paso de Canicoba Corral será citarlo como testigo para apuntalar esos dichos. En paralelo, y debajo de los radares, operadores comenzaron a hacer consultas cruzadas respecto a la viabilidad en términos jurídicos del pack de denuncias en las que quedó inmerso el Gobierno, no sólo por el acuerdo con el FMI -y el pedido de acceso a la información que maneja el fuero Contencioso Administrativo Federal-, sino por los alcances penales de actos de gestión que podrían ser judicializados.

Entre el corpus teórico que empezó a circular, se registra un escrito realizado en 2002 por el hoy juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti respecto al estado de “emergencia” y su clasificación. El control judicial de la aplicación de un régimen de emergencia no debe incursionar en la ponderación de sus fundamentos genéricos (por ser ésta una cuestión estrictamente política), pero sí debe analizar la consistencia intrínseca de sus disposiciones en orden a los derechos involucrados y en orden a la razonabilidad de su aplicación concreta”, forman parte de las conclusiones. En ese marco, y con una metáfora entre la relaciones entre los hombres y el Estado y las abejas con su colmena, Rosatti sentó posiciones que ahora adquieren cariz de actualidad: consideró que debe hacerse una “distinción pertinente para evitar que una ‘emergencia de Estado’ se convierta en una ‘emergencia de la población’” y que “la prolongación del estado de emergencia jurídica constituye un atentado a la seguridad jurídica”.

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