El Gobierno buscó desactivar en los últimos meses el monopolio del servicio de rampas en aeropuertos nacionales, que abraza en la actualidad la empresa estatal Intercargo, y abrió la competencia días atrás vía decreto. Ante la cantada decisión del oficialismo, el cristinismo se adelantó en diciembre pasado y presentó un proyecto de ley para declarar las actividades de Intercargo de “interés público”.
De manual: FpV pidió que Intercargo sea declarada de "interés público"
En los últimos meses, el Gobierno buscó abrir la competencia del servicio de rampas en aeropuertos nacionales -que abraza con intensidad la empresa estatal-, situación que ocurrió días atrás a través de decreto.
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La iniciativa que firmaron los diputados ultra K Martín Alejandro Pérez (Tierra del Fuego) y el jefe del Frente para la Victoria en la cámara baja, Agustín Rossi (Santa Fe), entre otros, procura la protección de “la propiedad pública de la empresa Intercargo Sac” y “contribuir a la soberanía nacional en la defensa de industrias estratégicas como la aerocomercial en general, y de la de servicios aeronáuticos en particular, toda vez que el aerotransporte de pasajeros resulta en una responsabilidad del Estado argentino en garantizar las condiciones máximas de seguridad de las operaciones del ámbito aeroportuario”.
Por otra parte, en el articulado se impone el reconocimiento de “la calificación técnica del personal”; la preservación “en el Estado nacional a los agentes especializados en las operaciones y las funciones críticas del ámbito específico de los aeropuertos nacionales”; y la promoción de “su capacitación permanente, preservar las fuentes laborales y garantizar el reconocimiento salarial correspondiente a sus funciones específicas”. El texto trae de regalo una cláusula para frenar, durante 24 meses, despidos “sin justa causa o suspender a todo trabajador, cualquiera sea su forma de contratación que lo vincule a la empresa”.
Los legisladores cristinistas también asentaron en el proyecto que “en relación a las necesidades de servicios para el Estado nacional, la empresa Intercargo Sac tendrá la prioridad de adecuarse de la manera más favorable para ser considerada con prelación ante cualquier otras empresas que pudieran presentarse en condiciones de libre competencia”.
“Entendemos que es necesario consolidar herramientas de gestión estratégicas para asegurar la operatividad plena del servicio aerocomercial en nuestro país. Del mismo modo, afianzar aquellas instituciones, organismos y empresas nacionales que son parte de esta concepción de un estado autosuficiente y en capacidad de brindar servicios de forma eficiente y eficaz, sin que esta certeza genere limitaciones a la libertad empresarial y a la libre competencia”, argumentaron los diputados ultrakirchneristas.
Desde el FpV destacaron además que el pedido se da “en el marco de una empresa superavitaria, que no genera gastos al Estado nacional”, y agregaron: “Dotar al Estado nacional de mayores herramientas para la prestación de servicios trascendentes como lo es la actividad en tierra de aviones, pasajeros y servicios aeroportuarios es de suma importancia”.
La iniciativa de Pérez y firmada por Rossi también fue acompañada por Guillermo Carmona (Mendoza), Josefina Victoria González (Santa Fe), Walter Correa (Buenos Aires), Pablo Carro (Córdoba), entre otros.




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