Política

Denuncia del Gobierno y allanamientos judiciales contra gremios marítimos

El Gobierno denunció penalmente a dirigentes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) por supuestas amenazas y entorpecimiento de vías navegables. Lo hizo en medio de un conflicto por la paritaria no resuelta del gremio con las empresas navieras y pocos días después de un allanamiento judicial a varias organizaciones sindicales supuestamente ligadas al exdirigente marítimo Omar “Caballo” Suárez, en la actualidad preso.

La denuncia fue presentada por el interventor de la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola, contra Pablo Ghietti, delegado de la seccional Rosario del SOMU, aunque desde el propio Ejecutivo advirtieron que la imputación podrá extenderse a otros líderes del gremio. Desde hace más de un año y tras una intervención oficial que había arrancado en 2016, el SOMU está a cargo de Raúl Durdos, quien le ganó a una lista promovida por el propio oficialismo.

La disputa está centrada en la negociación salarial con la cámara naviera FENA que supeditó el aumento salarial de los trabajadores a la aceptación de cambios en el convenio colectivo que el SOMU rechaza. Ante el llamado a un paro este viernes el Ministerio de Producción y Trabajo dijo haber implantado una conciliación obligatoria. Los gremialistas, sin embargo, alegaron que la primera comunicación fue informal y de manera electrónica, durante el fin de semana, y que una vez que se notificaron de manera oficial levantaron ayer el paro.

Según la denuncia de Mórtora, los sindicalistas señalados “de manera coercitiva y fuera del marco de la conciliación obligatoria dictada impidieron la operación portuaria”. El acusador añadió que Ghietti, en particular, “el día domingo intentó frenar la operatoria de buques mediante mensajes de audio de carácter intimidatorios y coercitivos”. El funcionario presentó los audios y la imputación ante el juez federal Sebastián Cassanello.

En el SOMU inscribieron la denuncia en un incremento de la presión del Ejecutivo para redefinir las pautas laborales en la actividad, en sintonía con las empresas. Y la relacionan con una batería de allanamientos que llevó a cabo el juez federal Rodolfo Canicoba Corral el 24 de mayo contra el SOMU, el Centro de Capitanes de Ultramar, el gremio de Patrones de pesca y la Federación Marítimo y Portuaria (Fempinra).

En todos los casos el magistrado buscó información relacionada con la naviera Maruba como parte de su investigación contra Suárez.

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