12 mil inspectores van a la calle contra empleo negro

El gobierno lanzará a la calle a más de 12.000 inspectores en fuertes operativos para detectar trabajadores no registrados. Estos se efectuarán en todo el país. Néstor Kirchner sostuvo ayer que no hay que pregonar el miedo, en cuanto a que fiscalizar el empleo en negro genera más informalidad y desocupación. Sin embargo, persisten esas dudas. Además, la doble indemnización impide la rotación de personal y resta incentivos para que las empresas generen trabajo genuino y de calidad. Así, en mayo se alcanzó un récord de 4 millones de personas que trabajan en la informalidad, 45,1% de la población asalariada.

En el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, presentado ayer por el presidente Kirchner y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el gobierno se apresta a lanzar un megaoperativo de fiscalización con más de 12.000 inspectores en todo el país. Al estilo del combate contra los desarmaderos de autos emprendido en las últimas semanas, se lanzarán operativos rastrillaje cerrando barrios y yendo casa por casa en busca de trabajadores informales.

«En realidad, lo que está lanzando el gobierno es lo que desmanteló (Domingo) Cavallo al descentralizar la responsabilidad de la policía del trabajo en las provincias», explicó un asesor de la UIA. El ex ministro de Economía desarticuló el control sobre el empleo registrado delegando las tareas en las provincias que en la mayoría de los casos utilizaron los recursos para otros destinos.

La idea es restablecer la fiscalización del empleo registrado con espectaculares operativos que induzcan a blanquear empleados. Como no habrá ningún tipo de moratoria, el mensaje será simple: si hay incumplimiento, el empleador tendrá facilidades, pero no perdón. Tendrá que pagar todas las obligaciones, de lo contrario, asumir el costo de las sanciones.

No sólo habrá cruce de datos entre las autoridades laborales de las provincias con la Nación, sino con otros organismos de la seguridad social, como la ANSeS, las AFJP, las ART y las obras sociales, y sus respectivos organismos de contralor.

Tomada calificó el plan como «una acción dirigida a mejorar la calidad del empleo, para instalar la noción de trabajo decente»; y resaltó «la recuperación del papel del Estado» como contralor. «El Ministerio de Trabajo recupera así una herramienta esencial como es la inspección del trabajo, ya que hace casi 10 años que no se realizan tareas profundas de control al trabajo en negro», afirmó.

Por su parte, el presidente Kirchner aseguró que el trabajo en negro «no sólo perjudica la calidad de todos los argentinos, sino que también permite la mano de obra esclavizada de países limítrofes». Rechazó la postura de quienes impulsan «la teoría del miedo» según la cual el combate contra el empleo en negro generará mayor desocupación y destacó la necesidad de «reconstruir las bases de la discusión salarial entre los trabajadores y los empresarios». «Algunos creen que devolverles los derechos que merecían los trabajadores, que están luchando en un país absolutamente injusto, implica dejar a otro compañero sin trabajo. Esa es la teoría del miedo, del caos, que decía no hagamos esto o aquello porque tendrá consecuencias terribles», señaló el primer mandatario.

• Grupo especial

En cuanto al director de la AFIP, Alberto Abad, uno de los principales actores del plan, señaló que el organismo «reforzará» los controles sobre las grandes empresas para evitar la contratación de trabajadores en negro. Abad explicó que la AFIP creará un grupo especial de inspectores que se encargará de hacer un seguimiento «personalizado y permanente» sobre el sector «de grandes contribuyentes». «La mayor porción de la nómina salarial del país está concentrada en un grupo de medianas y grandes empresas. Por eso, al concentrar allí nuestra tarea de fiscalización logramos un mayor efecto en términos de recaudación», apuntó.

Sin embargo, esto resulta incongruente con los datos vertidos ayer por la cartera laboral, ya que precisamente los establecimientos más pequeños, de entre 2 y 5 personas concentran casi 1.400.000 trabajadores en negro y los de 6 a 25 personas, otros 680.000. De modo que el foco de la fiscalización del plan deberían ser justamente los pequeños establecimientos y no las grandes empresas.

Un experto señalaba a este diario que siempre los gobiernos erraban el tiro, por ignorancia o desidia, pero lo cierto es que 85% de la recaudación de la seguridad social correspondía a 15% de las empresas registradas. O sea, las grandes. Pero estas empresas apenas empleaban a 20% de la mano de obra registrada. El resto estaba en manos de pymes. De modo que había que fiscalizar a las pymes que eran las principales responsables del empleo en negro.

«Lo que ocurre es que para los funcionarios es más fácil controlar 15% de las empresas y asegurarse 85% de la recaudación que buscar pequeños evasores por 15% restante», explicó este consultor.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT disidente), Hugo Moyano, defendió el plan y ofreció su colaboración para el control de las empresas que no regularicen a sus trabajadores.

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), AlbertoAlvarez Gaiani, coincidió con Kirchner en que «los costos laborales no pueden utilizarse como argumento para emplear trabajadores en negro ni para la desinversión».